Durante el partido, el árbitro recibió imágenes a través de un celular y, como resultado, cambió su decisión. Si este cambio se produjo tras haber visto el video, Lamolina habría incurrido en un error reglamentario grave, al haber utilizado un procedimiento no autorizado para reconsiderar una decisión arbitral.
La Regla 5 de FIFA permite que un árbitro rectifique ciertas decisiones cuando advierte un error o recibe información de sus asistentes en el campo, como los árbitros asistentes y el cuarto árbitro, siempre dentro de las condiciones reglamentarias. Sin embargo, esta facultad no le permite recurrir a imágenes externas para interpretar, revisar o modificar decisiones técnicas y disciplinarias.
Las Reglas de Juego para 2026/27 enfatizan la prohibición expresa del uso de tecnología no oficial para adoptar o alterar decisiones arbitrales. Un celular no puede ser equiparado a un sistema VAR, y una grabación privada no debe ser considerada como una herramienta válida para revisión.
El foco de la cuestión no radica solo en si la decisión final de Lamolina fue correcta. Lo verdaderamente relevante es cómo llegó a modificar su decisión inicial. Si el árbitro alteró su resolución debido a que alguien le mostró imágenes en un teléfono, se habría cometido un error grave, sin importar si la nueva decisión era técnicamente adecuada.
Aceptar tal procedimiento implicaría que cualquier entrenador, dirigente o persona externa podría influir en las decisiones arbitrales con imágenes obtenidas de forma independiente. Esto pondría en riesgo dos principios esenciales del arbitraje: la independencia en la toma de decisiones y la uniformidad de los procedimientos reglamentarios.
El arbitraje requiere el respaldo de la tecnología, capacitación y herramientas que permitan optimizar sus decisiones. Sin embargo, ninguna innovación puede justificar un desvío de las Reglas de Juego. No basta con tomar la decisión correcta; el proceso que conduzca a esa decisión también debe ajustarse a la normativa.
El suceso en el partido All Boys-Godoy Cruz ofrece una lección clara: el árbitro está facultado para decidir y rectificar, pero dicha autoridad debe ejercerse dentro de los límites establecidos por el reglamento. Intentar corregir un error potencial mediante procedimientos prohibidos puede resultar en una equivocación aún más grave que la decisión inicial.
