El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y su ministro de Producción, Augusto Costa, suspendieron la presentación formal del proyecto de la “Ley de góndolas” que tenían previsto realizar esta tarde en el Senado de la provincia, por “cuestiones de agenda”.
De todos modos, la iniciativa sigue su debate en las distintas comisiones a las que fue girada y no hay voluntad de las autoridades de dar marcha atrás. En este contexto, y aunque sobran las dudas de que sea convierta en ley, cada vez son más los empresarios del sector supermercadista que salen a cuestionar con dureza el proyecto.
Tras haberse hecho pública la carta enviada por la ASU (Asociación de Supermercados Unidos) a la senadora Gabriela Demaría, presidenta de la comisión de Usuarios y Consumidores del Senado de la provincia, los supermercados regionales nucleados en la CAS (Cámara Argentina de Supermercados) y la FASA (Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios ) también fijaron su posición en contra. Afirmaron que la “sanción de esa ley sería perjudicial, tanto para las empresas, como para los consumidores, por múltiples razones, que afectan tanto la libertad de comercio como el derecho de propiedad y la eficiencia económica”.
“El corazón de esta ley es generar más oferta. Hay muchas pymes que están necesitando trabajo en la provincia y la idea es ayudar a que ganen espacio en góndola. Estamos proponiendo una cantidad mínima de cinco proveedores por producto en las grandes superficies y tres en los autoservicios. También planteamos que hay abusos que hay que regular, como por ejemplo los plazos de pago que se les ofrece a las pymes”, había manifestado días atrás el subsecretario de Desarrollo Comercial y Promoción de inversiones de la provincia de Buenos Aires, Ariel Aguilar.
Sin embargo “esta propuesta obliga a los supermercadistas con salones de ventas de más de 300 metros cuadrados, quienes también son PyMEs, a adquirir y exhibir productos de pequeñas industrias, independientemente de si pueden garantizar condiciones competitivas de precio, calidad, reposición y entregas. En esencia, se pretende imponer obligaciones que presentan varios problemas graves y de dudosa constitucionalidad”, sostiene el comunicado de CAS y FASA. Agregaron que les interesa profundamente la industria local y comprenden la necesidad de apoyar a las MiPyMEs bonaerenses, pero al mismo tiempo consideran que “el Gobierno Provincial debería buscar formas de solución que no interfieran en los negocios de otras PyMEs, como es el caso de los supermercados; se debe pensar en alternativas como beneficios fiscales, líneas de crédito especiales, programas de capacitación y asistencia técnica, y mejoras en la infraestructura logística”.
No era el objetivo de CAS y FASA salir con el comunicado, pero la carta de ASU y un reciente comunicado de Cadam (Cámara de Supermercados Mayoristas) impulsó a varios supermercadistas regionales a fijar también su posición. Vale recordar que el gobierno de Javier Milei derogó la Ley de Góndolas nacional apenas asumió, había sido sancionada en 2020, no sólo por no estar de acuerdo con el espíritu de la norma sino porque era inaplicable. Sólo funcionó durante los primeros meses, con enormes costos para las empresas, para evitar multas y clausuras. En el último tiempo, casi ninguna cadena la cumplía.
Para los supermercados, más allá de que esto proyecto provincial sea más benévolo en el sentido de que no es estricto en cuanto a la medición de los espacios en góndola, por ejemplo, “manejar la góndola es fundamental. Si el producto se vende, el supermercado es el primero que lo pone en la góndola”, dijeron desde CAS y FASA, cuyos directivos están trabajando con los legisladores bonaerenses para evitar que avance el proyecto y sea tratado en el recinto. Actualmente, la iniciativa se está discutiendo en las comisiones de Usuarios y Consumidores; Comercio Interior, Pequeña y Mediana Empresa y Turismo; Legislación General; y Asuntos Constitucionales y Acuerdos del Senado.
Desde Cadam, por su parte, habían manifestado que “imponer una cantidad mínima de proveedores por producto es insostenible, sobre todo cuando las ventas vienen cayendo y el negocio ya de por sí deja un margen de ganancias muy escasa, de alrededor del 3 al 5%”. “Las marcas B vienen creciendo considerablemente, la gente elige qué comprar de acuerdo a su realidad económica y esa tendencia implica mayor competitividad empresarial y una oportunidad para las industrias pymes, que tienen el poder de resiliencia y, por ende, están ganando mercado frente a las multinacionales, que conllevan en el precio de sus productos, el costo de sus marcas”, indicaron los mayoristas.
Es por eso que desde el sector rechazan el proyecto. Además, la entidad recordó que “la ley nacional fue un claro ejemplo de que no funciona el sistema de imposición y que tampoco presentó beneficios para las pymes”. “Esa ley fue derogada por el actual gobierno porque generó serios inconvenientes en el sector. Desde sobre-stocks de productos que no resultaron de interés para el público hasta mayores costos de personal para controlar góndolas, colocar mayor cantidad de productos, reponer con mayor frecuencia los que fueron más vendidos por quedar poco espacio en la góndola y ordenar depósitos, entre otras dificultades”, dice el comunicado. Y culminó: “Por otra parte, muchas pymes no están preparadas o no se enfocan al mercado mayorista y no pudieron cumplir con los pedidos. Lo que necesitamos en un contexto de crisis como este, es que los gobiernos nos saquen una mano de encima”.
