El Examen Único para acceder al sistema nacional de residencias en medicina, enfermería y bioquímica quedó bajo un manto de sospecha tras conocerse múltiples denuncias por presuntas irregularidades. Los testimonios hablan de filtraciones previas, venta de preguntas en dólares y uso de dispositivos electrónicos durante la evaluación. El Ministerio de Salud de la Nación ya inició una investigación interna.
La prueba, realizada el 1° de julio en 28 sedes de todo el país, convocó a miles de profesionales de la salud. Una de las principales sedes fue el pabellón América del Parque Olímpico de Villa Lugano, donde se presentaron 5.930 aspirantes, 1.500 más que el año anterior. La masividad, sin embargo, no impidió que circularan versiones sobre maniobras para vulnerar el sistema de evaluación.
Venta de preguntas y dispositivos escondidos
Según diversos mensajes que circularon en grupos de WhatsApp y Telegram, las preguntas del examen habrían sido vendidas con anterioridad por valores que oscilaron entre los US$2.000 y US$3.000. Además, se denunciaron casos de ingreso al recinto con celulares “señuelo” —dispositivos falsos para evadir los controles— y el uso de auriculares ocultos. Algunas versiones incluso relataron cómo los postulantes se ubicaron juntos para copiarse, sin fiscalización ni control.
Más de 50 profesionales firmaron una carta dirigida al decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Ignacio Brusco, en la que expresaron su «suma preocupación» y reclamaron una investigación formal y transparente. Aunque la UBA no organiza el examen, ya que es competencia de la Dirección Nacional de Calidad y Desarrollo del Talento en Salud, adhiere a sus resultados para cubrir sus propias vacantes.
Resultados inusuales y contradicciones preocupantes
Uno de los puntos más polémicos es el desempeño académico de ciertos aspirantes. Una revisión de los 10.225 resultados publicados revela que muchos de los postulantes con puntajes superiores a 90 —algo estadísticamente inusual— son extranjeros y egresados de universidades privadas, con pocos representantes de instituciones públicas argentinas. En algunos casos, los mismos postulantes que obtuvieron calificaciones sobresalientes en este examen, habían rendido muy por debajo en otras instancias similares, como la prueba del Hospital Británico. Un caso señalado obtuvo 95 puntos en el examen nacional, pero apenas 45 en el privado.
Desde la cartera que dirige Mario Lugones reconocieron que estos datos «no son consistentes con los parámetros históricos» y remarcaron que el caso está bajo análisis. Por ahora, una de las decisiones que se barajan es postergar la publicación del ranking de mérito, prevista inicialmente para el lunes, mientras se avanza en las averiguaciones.
Exigencias y reclamos del sector académico
Los firmantes de la carta advirtieron que la falta de controles durante la prueba atentó contra la igualdad de condiciones. Según relataron, los postulantes podían sentarse sin asignación ni control, lo que facilitó copias organizadas. Además, advirtieron que el uso de dispositivos y los rumores de filtraciones representan una «grave violación del protocolo» y una amenaza directa a la legitimidad del proceso.
En medio del escándalo, desde el Ministerio de Salud anticiparon que la reciente modificación al sistema —que otorga cinco puntos adicionales a egresados de universidades locales— también será evaluada, aunque no sería el foco principal del conflicto.
Indignación y desconcierto en los aspirantes
Mientras el Ministerio intenta ordenar el caos, los chats entre profesionales estallaron con mensajes cargados de enojo, frustración y dudas sobre lo que ocurrirá. Nadie sabe aún si se anulará el examen, si se tomará uno nuevo o si habrá ajustes en la puntuación.
«La situación es indignante. No se puede permitir que quienes estudiamos durante años quedemos en desventaja frente a un sistema fraudulento», reclamó uno de los aspirantes en redes sociales. Otros pidieron directamente la intervención de la Justicia.
La gravedad de las denuncias pone en jaque la transparencia de uno de los exámenes más relevantes del sistema de salud argentino. Lo que debía ser una instancia meritocrática para seleccionar a los futuros médicos, bioquímicos y enfermeros del país, se transformó en un escándalo institucional que amenaza con escalar.
