Estas definiciones han alimentado las sospechas de la oposición, que interpreta el nuevo régimen como un plan orientado hacia grandes corporaciones tecnológicas relacionadas con inteligencia artificial, procesamiento de datos y defensa. Las críticas se centran en la posible gestión de datos sensibles y en el uso de dichas tecnologías.
El presidente Milei anunció la remisión al Congreso del proyecto de ley “Súper RIGI”, el cual tiene como objetivo fomentar inversiones sin precedentes en sectores estratégicos que promuevan el crecimiento económico y la creación de empleo.
El contexto del proyecto intensificó estas interpretaciones, ya que el texto fue presentado pocos días después de la visita de Peter Thiel, fundador de Palantir, una de las firmas más destacadas globalmente en inteligencia artificial y análisis de datos para agencias gubernamentales y de seguridad. Thiel se reunió con Milei y otros altos funcionarios, incluyendo al canciller, Pablo Quirno, así como con Luis Caputo, ministro de Economía, y otros asesores clave.
Añadiendo a las preocupaciones, recientemente el Gobierno anunció la creación de un “Gemelo Digital Social”, una herramienta que utiliza simulaciones e inteligencia artificial para optimizar políticas públicas y anticipar escenarios sociales. A pesar de que el Ministerio de Capital Humano aseguró que el desarrollo no implicará contrataciones integrales de empresas y que la tecnología “no pertenece a una corporación o individuo en particular”, la oposición ha empezado a solicitar informes sobre vínculos potenciales, el uso de datos personales y el financiamiento del programa.
“El futuro no puede convertirse en vigilancia sobre la ciudadanía”, declaró Agustín Rossi, diputado de Unión por la Patria, quien anunció que presentará un pedido de explicaciones al Gobierno.
El Ejecutivo, sin embargo, desestima estas interpretaciones. En relación al “Súper RIGI”, sostienen que el régimen no está destinado a compañías específicas, sino a industrias que actualmente no existen en el país. “¿Por qué pensaríamos en una empresa en particular, cuando podría ser cualquiera?”, argumentan desde la administración.
El malestar se ha evidenciado incluso entre funcionarios y simpatizantes libertarios. Durante un programa de streaming, Daniel Parisini (“Gordo Dan”) planteó qué tipo de empresas podrían beneficiarse con el nuevo régimen. “¿Anthropic? ¿Palantir? ¿Boeing?”, preguntó, generando un momento incómodo entre los funcionarios presentes, quienes evitaron especificar nombres y optaron por respuestas evasivas.
Tras una pausa, el asesor económico del Ministerio de Economía, Felipe Núñez, abordó la cuestión con ejemplos generales, mencionando la posibilidad de atraer inversiones en vehículos eléctricos e inteligencia artificial, así como la instalación de centros de datos en el sur del país, aprovechando la energía de Vaca Muerta y el clima propicio.
En paralelo, el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, liderado por Federico Sturzenegger, presentó al Congreso una iniciativa complementaria al “Súper RIGI”: la creación de sociedades automatizadas de algoritmos. Este nuevo tipo de entidad empresarial está diseñado para operar sin la necesidad de empleados, enfocándose en la automatización y la inteligencia artificial.
Sturzenegger explicó que se consideran dos tipos de empresas: la “Sociedad Automatizada”, que funciona mediante algoritmos o IA y no requiere empleados, y las “DAO”, que son autónomas y permiten participaciones en tokens registradas en blockchain. Ambas gozan de personalidad jurídica y responsabilidad limitada.
El “Súper RIGI” no solo aspira a atraer industrias actualmente ausentes en Argentina, sino que también busca adaptar el marco legal para facilitar su llegada y funcionamiento. Este proyecto ofrece amplios beneficios fiscales, aduaneros y regulatorios, más favorables que los ofrecidos en el RIGI anterior aprobado el año pasado.
Entre los incentivos se incluye una tasa impositiva reducida del 15% sobre las ganancias, estabilidad tributaria y cambiaria durante 30 años, exenciones en derechos de importación y exportación, amortización acelerada de inversiones, reducción de contribuciones patronales y libre disponibilidad de divisas hasta alcanzar el 100% a partir del tercer año de exportaciones.
Además, permite a los inversores recurrir a tribunales internacionales como el Ciadi o la Cámara de Comercio Internacional en caso de disputas con el Estado argentino. El texto estipula que los derechos obtenidos bajo este régimen se consideran “inversiones protegidas” bajo tratados internacionales, lo que permite potenciales reclamos ante modificaciones regulatorias futuras.
El sistema adicionalmente limita a provincias y municipios en la imposición de regalías o cánones sobre los proyectos que se adhieren. Aunque se requieren permisos y habilitaciones, el proyecto no incluye metas ambientales ni estándares de protección ecológica, lo que también ha suscitado preocupación en la oposición.
El proyecto refleja además una visión geopolítica más extensa sobre el rol que Argentina podría desempeñar en la nueva economía global. El economista liberal Federico Domínguez subrayó que las tensiones internacionales están propiciando inversiones en sectores como inteligencia artificial, robótica y energía. Según él, el país posee varias condiciones requeridas para esta transformación: recursos energéticos, minerales críticos como el litio y el cobre, y una posición estratégica sobre el Atlántico Sur.
Santiago Caputo, asesor presidencial, afirmó que esta iniciativa define el proyecto nacional argentino para los próximos 20 años, enfatizando que lo único que le resta a la política es no obstaculizar el avance de la libertad.
