La restricción es conocida como una cláusula “anti-China”, debido a que uno de sus principales efectos será limitar la participación de empresas estatales de ese país. Sin embargo, el pliego no menciona expresamente a China ni establece una prohibición específica para compañías de esa nacionalidad. El criterio se aplica a cualquier firma cuyo control esté en manos de un gobierno extranjero, ya sea de manera directa o a través de otras sociedades.
La condición también alcanza a organismos públicos, empresas estatales y sociedades vinculadas con gobiernos extranjeros. El mismo criterio se extiende a las empresas estatales argentinas, tanto nacionales como provinciales, según las condiciones establecidas para la licitación.
De esta manera, una empresa privada extranjera podrá participar del proceso si cumple con los requisitos previstos en el pliego y no se encuentra bajo control estatal. La exclusión no se determina por el origen de la compañía, sino por la existencia de control directo o indirecto de un Estado.
La administración actual ya utilizó criterios similares en otros procesos vinculados con infraestructura estratégica, entre ellos la concesión de la Hidrovía y el proyecto de transporte eléctrico AMBA I.
La licitación contempla la concesión durante 50 años de las vías y los inmuebles asociados a las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza. La red comprende 7.594 kilómetros distribuidos en 16 provincias y estará bajo un esquema de acceso abierto.
El modelo de acceso abierto establece que el concesionario estará a cargo de la infraestructura y permitirá que otros operadores utilicen las vías a cambio del pago de un peaje. La competencia en el proceso no estará determinada únicamente por el monto ofrecido al Estado, sino también por las inversiones comprometidas y el valor del peaje que se cobrará por el uso de la infraestructura.
El esquema busca priorizar las propuestas que combinen mayores niveles de inversión con menores costos de utilización de las vías. El Gobierno estima que la concesión podría movilizar alrededor de US$ 1.000 millones en inversiones para las tres líneas.
Además, determinados proyectos podrán acceder a los beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), de acuerdo con las condiciones previstas para ese régimen.
La incorporación de esta cláusula establece así un límite adicional para la concesión de la infraestructura ferroviaria: quedan fuera de la competencia las compañías bajo control estatal extranjero y las empresas estatales argentinas, mientras que las firmas privadas podrán participar si cumplen con los requisitos establecidos en el proceso.
