El tema fue uno de los ejes de un panel sobre inversiones en el agro realizado durante Capital Agro Day, en el auditorio del Banco Macro. Representantes de empresas agroindustriales, entidades financieras y organismos internacionales analizaron qué condiciones necesita el país para atraer capitales y ampliar el financiamiento del sector.
Uno de los datos que refleja el retroceso argentino es la evolución de la producción de soja frente a Brasil. Hace 15 años, ambos países cosechaban volúmenes similares, pero actualmente Brasil produce tres veces más, pese a contar con suelos menos fértiles y mayores necesidades de fertilización.
La incertidumbre sobre la continuidad de las políticas económicas también condiciona las decisiones de los inversores. Según se expuso durante el encuentro, alrededor del 80% de las conversaciones con capitales extranjeros se concentra en el riesgo macroeconómico y el rumbo del país antes de analizar las oportunidades específicas del negocio agrícola.
A pesar de esas dificultades, existe interés por las acciones y los activos reales argentinos. La tierra, en particular, presenta valores relativamente bajos frente al crecimiento que registraron los commodities después de la pandemia. Una reducción de las retenciones, la eliminación de los controles cambiarios y una flexibilización de la Ley de Tierras fueron señaladas como medidas que podrían mejorar las perspectivas de inversión.
Desde el sector agroindustrial también se destacó la importancia de sostener estrategias de largo plazo y desarrollar negocios que integren distintas etapas de la cadena productiva. En ese sentido, la disponibilidad de gas a precios competitivos en Vaca Muerta representa una oportunidad para la industria de fertilizantes: ese insumo explica alrededor del 60% del costo de producción de la urea.
La sustentabilidad y la trazabilidad fueron otros de los aspectos centrales del debate. Los estándares ambientales, sociales y de gobernanza dejaron de ser requisitos complementarios y se convirtieron en condiciones para acceder a determinados mercados internacionales y sostener la rentabilidad. Europa aparece entre los destinos que ya exigen mayores garantías, aunque se advirtió que esas condiciones podrían extenderse a otras regiones.
En materia de financiamiento, se destacó el interés de los organismos internacionales por ampliar su participación en el sector privado argentino. Uno de ellos prevé un paquete de financiamiento cercano a los US$2.000 millones y ofrece mecanismos flexibles de refinanciación y amortización para atender los riesgos asociados con la volatilidad climática de la actividad agropecuaria.
Por su escala operativa, estos organismos no financian directamente a productores individuales, sino que canalizan los recursos a través de empresas de referencia y bancos comerciales. Entre las operaciones mencionadas figura una línea de hasta US$200 millones para Banco Macro, destinada a pequeñas y medianas empresas, con préstamos promedio de entre US$50.000 y US$130.000.
El crédito local también atraviesa una transformación. Durante años, alrededor del 70% del financiamiento a productores se canalizó mediante proveedores de insumos y acopios, mientras que el 30% restante correspondió a los bancos. Sin embargo, en los últimos dos años las empresas comerciales redujeron su participación y las entidades financieras comenzaron a ocupar parte de ese espacio mediante herramientas digitales y plataformas fintech.
Otro de los avances señalados fue la modernización del régimen de warrants, que permitió reducir los costos operativos y ampliar su utilización como garantía para acceder al crédito. Sin embargo, se planteó la necesidad de desarrollar instrumentos similares a la Cédula de Producto Rural de Brasil, que permite respaldar préstamos con cultivos en pie o ganado.
En la Argentina, la implementación de una herramienta de esas características todavía enfrenta dificultades legales, especialmente porque cerca del 70% de la actividad agrícola se desarrolla en campos arrendados.
El debate dejó en evidencia que el potencial productivo del agro argentino no alcanza por sí solo para atraer grandes inversiones. La previsibilidad económica, el acceso al financiamiento, la estabilidad de las reglas y la adaptación a las exigencias internacionales aparecen como condiciones necesarias para recuperar competitividad y ampliar el ingreso de capitales al sector.
















