El Gobierno de Javier Milei quiere avanzar con la privatización de seis empresas públicas previo a 2025, con la mira puesta en sumar dólares.
La Casa Rosada tiene en la mira a AYSA (Agua y Saneamientos Argentinos), Correo Argentino, Corredores Viales, IMPSA (Industrias Metalúrgicas Pescarmona S.A.), Tandanor y EANA (Empresa Argentina de Navegación Aérea).
El encargado de ejecutar las ventas es el exinterventor de Télam Diego Chaher, que tendrá a cargo una Unidad Ejecutora de Empresas en la órbita del Ministerio de Economía, que preside Luis Caputo.
El área será creada en el decreto que prepara Nación sobre la reorganización de los ministerios y la subestructura de la jefatura de gabinete, que lidera Guillermo Francos. Habrá secretarías que cambiarán de sector, se unificarán y se eliminarán. Se configurará también el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado de Federico Sturzenegger.
En la Casa Rosada sostienen además que ninguna empresa pública quedará en la órbita de Francos más allá de que en principio la mesa chica quería que AYSA, Corredores Viales y el Correo queden en la jefatura de gabinete.
El ministro coordinador quiere tener menos responsabilidades operativas y más políticas. Es por eso que pidió que no quede ninguna empresa bajo su poder.
El Gobierno planea acelerar privatizaciones y concesiones con la mira en 2025 para ahorrar el costo operativo e incrementar las reservas. Desde el círculo íntimo de Milei sostienen que ahorrarían 1000 millones de dólares por año en caso de no tener que financiar la SOFSE (Sociedad Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado).
El Ejecutivo quiere avanzar con la venta de empresas que no lograron la sanción del Congreso, como el Correo Argentino, EANA, IMPSA y Tandanor. Se respaldan en los estatutos y en los artículos del reglamento que habilitan maniobras con la parte accionaria estatal.
El Gobierno también quiere avanzar con la privatización de YCRT (Yacimientos Carboníferos de Río Turbio), Intercargo, Aerolíneas Argentinas y Banco Nación, para las que prepara proyectos de ley separados para enviar al Congreso. Analizan hacer lo mismo con ARSAT.
“No queremos ser buenos gestionadores de empresas. No nos interesa. Vamos a acelerar la reducción de estas para poder subirles el precio y la rentabilidad”, expresó un funcionario.
El Ejecutivo deberá comenzar el tratamiento de las empresas públicas que fueron aprobadas en la Ley Bases en la comisión bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones. Se compone de seis senadores y seis diputados y deberá ser informada por la SIGEN (Sindicatura General de la Nación) y la AGN (Auditoría General de la Nación ) sobre el estado legal y financiero de las empresas.
El proceso de privatización podrá ejecutarse por venta de activos, de acciones y establecimientos o haciendas productivas y por la administración con o sin opción a comprar por un plazo determinado, estableciéndose previamente el valor del precio de su venta. Lo mismo aplica para la concesión, licencia o permiso.
