Luego de una extensa y puntillosa investigación, la Justicia elevó a juicio la causa por la muerte de cinco bebés en el Hospital Neonatal de Córdoba. Para los familiares de las víctimas, la noticia llegó para dar tranquilidad y un poco de esperanza ante tanto dolor.
La clave que destrabó el avance del caso, a más de un año de que saliera a la luz, fue la llegada de los resultados de dos informes: uno que mostró cómo y por qué murieron los recién nacidos -basados en las autopsias, historias clínicas y pericias- y el otro, vinculado al perfil criminal de la supuesta persona que cometió los delitos.
Estos informes fueron fundamentales para ratificar que Brenda Agüero, la enfermera que está detenida desde agosto del 2022 en el penal de Bouwer, era el nexo común entre todas las víctimas.
“La investigación fue muy completa, con un gran análisis de pruebas e indicios. Tardó porque es una causa con muchos condimentos, lo que la hace complicada”, sostuvo el fiscal de Instrucción, Raúl Garzón,
Aunque Agüero ya fue imputada por el delito de “homicidio calificado por procedimiento insidioso reiterado” y tentativa de homicidio; todavía queda pendiente la responsabilidad penal y resolución de los demás involucrados en la causa, como el exministro de Salud cordobesa Diego Cardozo, ya que Garzón amplió la acusación en su contra.
Un perfil criminal se realiza cuando los investigadores no tienen a un sospechoso y buscan distintos elementos que ayuden a entender cómo debería ser la persona que pudo cometer el hecho. En este caso, pese a que Agüero era la principal señalada, la fiscalía ordenó de todas formas que se elaborara un informe porque todavía no había pruebas contundentes contra ella.
“Según los resultados, estamos frente a crímenes seriales. ¿Por qué? Porque hay una serie de patrones en común. Ella escogía a sus víctimas: todos recién nacidos, todos fueron atacados en sus primeras horas de vida, todo ocurrió en el mismo hospital, todos murieron por los efectos de la misma sustancia, todos resultaron inyectados en el mismo turno”
El análisis planteó que el o la autora debía ser alguien que tuviera conocimientos en salud por los elementos que utilizó y porque sabía los efectos que causaban los altos niveles de potasio en el cuerpo y el tiempo que demoraba en reaccionar.
A su vez, también señaló que esa persona tenía que formar parte del equipo de neonatología. “Ella tenía que pasar desapercibida entre los que actuaban en ese campo de atención médica. En momento de parto hay entre seis y siete personas que trabajan sobre la mamá y el bebé. ¿Quién podría hacer algo con el bebé sin ser visto?”, manifestó el fiscal Garzón.
En esa línea, precisó: “El APGAR es una evaluación que se le hace al recién nacido en los primeros minutos de vida. Todas las víctimas habían registrado valores entre 9 y 10, lo que significaba que sus signos vitales estaban bien. Después pasaban a la incubadora, mientras a la mamá la terminaban de atender. Dos de los casos fueron atacados en ese momento, donde más desprotegidos estaban; los otros fueron en la sala de recuperación, donde solamente estaba la enfermera”.
Asimismo, indicó: “A Brenda nadie la vio inyectando a un bebé. ¿Iba a ser tan ingenua de dejarse ver por alguien? Tenía que encontrar el momento oportuno”. Sin embargo, el relato de la mamá de una de las víctimas complicó a la enfermera: “Contó que en un momento Agüero agarró a su bebé y que la criatura pegó un grito, lo que llamó su atención. Después de un rato, la bebé apareció descompensada y con un pinchazo que no tenía que tener”.
Uno de los pasajes del documento en el que se argumentaron los motivos por los que se elevó a juicio la causa toma como puntapié a Francisco, el primer bebé fallecido: “Se aportaron fotografías y videos en las que resultan por demás ilustrativas las condiciones físicas inmejorables de ‘Francisquito’ instantes después de su llegada al mundo; luciendo su vida plena, que le sería quitada por la acción humana deliberada de la traída a proceso AGÜERO, quién llevó adelante su propósito homicida frente al ser más vulnerable de la especie humana, en el estado de mayor necesidad de cuidado, respeto y asistencia, aprovechando la soledad del recién nacido lejos de su madre, obrando con total desprecio por la vida y los deberes de su profesión”.
Es que, de acuerdo al perfil realizado, la persona en cuestión tenía una “habilidad especial en la inoculación”, algo que se comprobó no solo con diferentes testimonios sino en base a las pericias que se tomaron de la computadora y celular de la enfermera: “Ella era una alumna destacada en dosificación, había hecho capacitaciones. Incluso en su teléfono tenía material específico sobre el potasio, sus efectos y cómo reanimar a un recién nacido”.
Respecto a las pericias psicológicas, aludieron que el homicida es alguien que tiende a sobresalir y a destacarse. “En esas situaciones ella se mostraba como la salvadora. Siempre era ella la que reportaba si alguno se sentía mal o estaba descompensado, entonces se generaba eso deque ‘menos mal que Brenda se dio cuenta y actuó rápido’”.
En tanto, la pericia médica multidisciplinaria sobre los 13 casos -cinco bebés muertos y ocho sobrevivientes- determinó que a las víctimas se les había suministrado potasio en grandes cantidades, lo que les produjo un shock. Este resultado junto al perfil encaminaron a que efectivamente la enfermera sea la principal acusada en la causa.
Causa por los bebés muertos en Córdoba: se agravó la imputación de los otros acusados
Además de Agüero, hay varios funcionarios públicos y directivos del hospital acusados. Actualmente, los más complicados son el exministro de la cartera sanitaria en Córdoba Diego Cardozo y Liliana Asís, la exdirectora del hospital. Sobre ellos, se agravó la imputación por “encubrimiento doblemente calificado por la calidad funcional y por el hecho precedente”.
El resto de los involucrados son: Claudia Ringelheim, Alejandro Escudero Salama, Marta Gómez, Blanca Ariza y Adriana Morales, directivos y responsables de áreas del neonatal. Por su parte, Pablo Carvajal y Alejandro Gauto son del ministerio de Salud provincial.
“Ellos sabían que estaban sucediendo cosas en el hospital que no tenían explicaciones. La directoria sabía y todos los demás participaron de alguna manera, permitiendo que alguien haga lo que no debe. El primer día pudo haber sido un misterio; pero siguieron pasando casos idénticos y ese conocimiento fue incrementando en el tiempo. Viste a bebés que tenían pinchazos donde no tenía que tenerlos, eso no es mala praxis, es obrar intencionalmente. Minimizaron la información que le dieron a la policía y en el afán de tapar el escandalo, también tapaban a la autora”, apuntó Garzón.
“El dolor de una madre no nos puede ser indiferente, las familias de las víctimas necesitan una respuesta. Recién esta película va por la mitad”, cerró el fiscal y dijo que espera que el juicio por jurados comience a principios del 2024.
