El argumento del Gobierno y un conjunto de gobernadores, que esgrimen que el fallo de la Corte Suprema que ordena restituir fondos coparticipables a la ciudad de Buenos Aires es de “imposible cumplimiento” por un problema presupuestario encuentra su refutación en dos leyes impulsadas por el oficialismo: la ley de presupuesto 2023 que elaboró el Poder Ejecutivo y que votaron los diputados y senadores del Frente de Todos, y la de “superpoderes”, una norma que data de 2006 que permite a los gobiernos modificar los créditos presupuestarios por decreto sin autorización previa del Congreso.
La “Operación” del Vocero
Tras su regreso de Estados Unidos, el Jefe de Gabinete rompió el silencio este domingo en una entrevista televisiva. Los...
