Entre los materiales que no están disponibles para consulta online se encuentran las comunicaciones dirigidas a Sam Moody, director ejecutivo de Rockhopper Exploration, en las que Argentina habría advertido sobre posibles sanciones penales, multas e incluso penas de prisión. También permanecen fuera del acceso público directo las cartas enviadas al Standard Chartered Bank, principal entidad financiera de las islas, para desalentar su participación en los proyectos petroleros.
La existencia de esos documentos fue conocida luego de que un periodista accediera a ellos presencialmente en la sede del Tribunal, en Hamburgo. Desde la oficina de prensa del organismo confirmaron que los materiales pueden consultarse, aunque únicamente de manera presencial.
A diferencia de parte de la documentación británica, las presentaciones de la delegación argentina están disponibles públicamente. Entre ellas figuran las exposiciones del abogado Marcelo Kohen, del embajador Mario Oyarzábal, consejero legal de la Cancillería, y del representante argentino Nico Schrijver. También pueden consultarse los documentos presentados por el Reino Unido, aunque no los testimonios y materiales vinculados con las advertencias y amenazas denunciadas.
Analistas consideran que las restricciones de acceso a parte de la documentación británica podrían responder a la preocupación de Londres por el impacto que las acciones argentinas tendrían sobre la seguridad jurídica de las iniciativas petroleras desarrolladas unilateralmente en el territorio en disputa.
En los documentos consultados, Moody señaló que el 1 de septiembre de 2026 recibió una comunicación de Argentina dirigida tanto a él como al director financiero de Rockhopper, en la que se advertía sobre posibles acciones penales, multas y penas de prisión bajo la legislación nacional. También afirmó que asumía un riesgo personal al preparar su declaración ante el Tribunal, debido a las reiteradas amenazas de acciones judiciales en Argentina.
El ejecutivo enumeró además otras medidas que, según sostuvo, dificultan el financiamiento del proyecto Sea Lion. Entre ellas mencionó la inhabilitación por 20 años para operar en Argentina impuesta a Navitas.
Asimismo, indicó que funcionarios argentinos, posiblemente de la Cancillería, enviaron una carta al Standard Chartered Bank, con una sucursal en Puerto Stanley/Puerto Argentino, para instar a la entidad a abstenerse de participar en proyectos de petróleo y gas en las Malvinas, bajo advertencia de las consecuencias previstas en la legislación argentina.
Las compañías también evitaron identificar a algunos de sus socios comerciales en los documentos judiciales, por temor a posibles represalias. Ian Ramsay, director ejecutivo de Navitas Petroleum Development and Production, explicó que los nombres de los contratistas fueron omitidos para preservar su confidencialidad ante el seguimiento de las autoridades argentinas y las acciones que, según la empresa, buscan obstaculizar el proyecto y afectar a quienes participan en él.
En paralelo, Rockhopper informó que se estaban tomando medidas para reemplazar a contratistas que desistieron de trabajar en el proyecto Sea Lion ante las amenazas de sanciones argentinas, aunque aseguró que no esperaba un impacto significativo en el cronograma de desarrollo.
Navitas Petroleum, que posee el 65% del proyecto, mientras Rockhopper controla el 35% restante, también abordó la situación en sus estados financieros del tercer trimestre. El documento, según la información disponible, forma parte del contexto de las tensiones legales y financieras que rodean el desarrollo petrolero en las islas.















