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La Justicia ordenó suspender las operaciones de Algodonera Avellaneda y quedaron sin empleo 243 trabajadores

18 noviembre, 2026
in Economía
La Justicia ordenó suspender las operaciones de Algodonera Avellaneda y quedaron sin empleo 243 trabajadores

La crisis de Algodonera Avellaneda sumó un nuevo capítulo judicial: el juez Fabián Lorenzini, a cargo de la quiebra de la compañía vinculada con integrantes de la familia Vicentin, dispuso una suspensión gradual de las actividades en sus establecimientos y declaró extinguidos los contratos laborales de 243 trabajadores.

La decisión implica que los empleados afectados podrán reclamar los salarios y las indemnizaciones pendientes, además de gestionar el acceso al fondo de desempleo. La medida alcanza a la hilandería ubicada en Reconquista, Santa Fe, y a las desmotadoras de Bandera, en Santiago del Estero, y General Pinedo, en Chaco.

La resolución se tomó luego de que la Sindicatura recomendara interrumpir las operaciones por las pérdidas económicas, la inviabilidad del funcionamiento y la insuficiencia de los contratos de producción a fasón para cubrir los costos. Sin embargo, el magistrado aclaró que no se trata de un cierre definitivo, ya que los establecimientos y sus activos continúan en proceso de venta y deberán ser preservados para una eventual reactivación.

La situación financiera de la hilandería refleja las dificultades que atraviesa la empresa. Actualmente, recibe ingresos mensuales por unos $425 millones, mientras que sus costos operativos alcanzan los $1.239 millones. El déficit mensual se estima entre $565 millones y $815 millones, con el gasto energético como uno de los principales factores.

A ese escenario se suma una deuda superior a los $4.600 millones con la Empresa Provincial de la Energía, que intimó a la compañía a regularizar los pagos bajo apercibimiento de interrumpir el suministro eléctrico.

En su resolución, Lorenzini estableció que la paralización deberá realizarse de manera progresiva. Los procesos productivos que ya están en marcha deberán finalizar, no se incorporará nueva materia prima y se aplicará el esquema de cierre ordenado propuesto por la Sindicatura.

Una vez completada esa etapa, las plantas quedarán bajo un régimen de conservación y custodia para mantener su valor como unidades productivas y permitir que puedan ser reactivadas por un eventual comprador. El objetivo de la medida es frenar la acumulación de pérdidas mientras continúa el proceso de venta de los activos.

El magistrado también abrió una instancia para que las empresas que trabajan bajo la modalidad de producción a fasón puedan presentar alternativas que permitan sostener parte o la totalidad de las operaciones. Entre ellas se encuentran Sir Cotton SA, Vicentin SAIC e Insumos XXI SA, vinculada con el empresario Facundo Trigueiro.

Según indicó el juez, esas compañías conocen los establecimientos, tienen mercadería en sus instalaciones y son las principales interesadas en mantener su funcionamiento. Por ese motivo, les otorgó un plazo de diez días corridos para presentar propuestas concretas.

Las alternativas deberán garantizar la cobertura integral de los costos de la actividad que se pretenda sostener, incluidos salarios, cargas sociales, energía, insumos, seguros y servicios. Además, no podrán generar nuevas deudas a cargo de la quiebra, deberán contar con garantías suficientes y no podrán interferir con el proceso de venta de los establecimientos.

En relación con la situación de los empleados, la resolución estableció distintos momentos para la extinción de los contratos, según las tareas y las fechas en que cada trabajador prestó servicios.

Para el personal que trabajaba en la Ciudad de Buenos Aires, la medida tendrá vigencia desde la declaración de quiebra, el 14 de octubre de 2026. En el caso de quienes continuaron trabajando después de esa fecha, pero no sean convocados para completar la producción pendiente ni para cubrir las guardias, la extinción regirá desde la fecha de la resolución judicial.

Por último, los trabajadores que participen de la finalización de los procesos productivos o de las guardias mínimas quedarán alcanzados por la medida cuando la Sindicatura comunique oportunamente esa circunstancia.

Como parte de los próximos pasos, el juez instruyó a la Sindicatura para que convoque de inmediato a los inversores que ya se encuentran inscriptos y a nuevos interesados en adquirir uno o varios establecimientos o activos de Algodonera Avellaneda. La continuidad del proceso dependerá de las alternativas que puedan presentarse para sostener la actividad y de las posibilidades de concretar la venta de las unidades productivas.

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