La decisión, correspondiente al expediente FCR 16446/2026, comprende el mar territorial y la Zona Económica Exclusiva argentina. Tiene carácter provisorio, no alcanza a la alta mar y, por el momento, tampoco incluye a bancos, astilleros ni compañías aseguradoras. La Cancillería será la encargada de notificar la medida a las empresas involucradas.
La resolución no establece la culpabilidad ni determina de manera definitiva la responsabilidad de las demandadas. Sin embargo, fija una prohibición concreta: hasta contar con un permiso de la autoridad de aplicación de la Ley Federal de Pesca, las compañías no podrán capturar ni extraer recursos marinos vivos en las áreas alcanzadas por la cautelar.
La restricción comprende cualquier modalidad de pesca y también las operaciones realizadas mediante buques que las empresas armen, operen, fleten o gestionen. Además, impide procesar a bordo las capturas obtenidas en esos espacios, transbordarlas o descargarlas, iniciar nuevas mareas o temporadas de pesca y sumar embarcaciones para esas actividades.
Entre las firmas alcanzadas hay compañías con sede en Vigo, Marín, Cangas y Moaña, en Galicia. También figuran sociedades mixtas registradas en Puerto Argentino-Stanley, como South Atlantic Squid, Petrel Fishing Company y Golden Touza.
La jueza estableció que, dentro de los diez días judiciales posteriores a la notificación, las empresas deberán presentar una declaración jurada con información sobre los buques que operan en esas aguas, las licencias que poseen y el volumen de capturas realizado desde 2023. También tendrán que detallar los descartes registrados, los puertos de descarga y su estructura societaria.
A su vez, deberán preservar toda la documentación vinculada con la actividad, incluidos los partes de pesca, diarios de navegación y registros satelitales. La resolución contempla que, si alguna compañía niega operar en esos espacios o sostiene que cuenta con autorización argentina, tendrá que respaldar su posición con documentación, ya que los datos sobre permisos, embarcaciones y capturas están bajo su control.
El fundamento jurídico de la cautelar parte de la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional, que reafirma la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, así como sobre los espacios marítimos correspondientes. A partir de esa disposición, Borruto sostiene que la existencia de licencias otorgadas por la administración isleña o la nacionalidad extranjera de las compañías no desplaza la aplicación del derecho argentino.
El fallo también considera que las expresiones utilizadas en algunos informes oficiales, como “aguas en disputa” o “Zona Económica Exclusiva disputada con el Reino Unido”, no modifican la condición jurídica que la Argentina atribuye a esos espacios. Para evaluar la verosimilitud del reclamo, la magistrada tomó en cuenta informes y estadísticas del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP).
De acuerdo con esos datos, desde 1989 la administración isleña otorga licencias pesqueras que generan ingresos promedio superiores a los 20 millones de libras anuales. A partir de 2013, la cantidad de permisos concedidos ronda las 230 licencias por año. Entre los principales beneficiarios de ese esquema aparecen España, Gran Bretaña con puerto de asiento en las islas, Corea del Sur y Taiwán.
Las estadísticas del INIDEP también muestran variaciones en los volúmenes extraídos. Las capturas de barcos españoles en el sector pasaron de 59.001 toneladas en 2013 a 34.036 en 2017. En el caso de los buques británicos con puerto en las islas, aumentaron de 60.474 a 63.859 toneladas durante el mismo período. Por su parte, la pesca de merluza común en esa zona pasó de 14.681 toneladas en 2014 a 62.829 en 2022.
En relación con la temporada de calamar de 2026, el organismo calculó que operaban en la Zona Económica Exclusiva 110 buques poteros extranjeros, frente a 84 embarcaciones de bandera argentina. Durante 2025, además, llegaron a registrarse hasta 108 barcos extranjeros por semana.
El tribunal señaló que la Argentina no recibe declaraciones de captura ni partes de pesca de esa actividad, tampoco embarca observadores ni realiza inspecciones sobre esas operaciones. Por ese motivo, el INIDEP debe estimar los volúmenes extraídos mediante imágenes satelitales y datos sobre los rendimientos de los buques argentinos.
Para la magistrada, esa falta de información dificulta establecer capturas máximas y cuotas de pesca realistas, además de afectar la eficacia de las vedas que sí debe respetar la flota nacional. La resolución también considera el ciclo biológico del calamar, cuya población se renueva completamente cada año. Según la información del INIDEP, la extracción durante una temporada reduce la cantidad de ejemplares reproductores que contribuyen a sostener la siguiente generación.
Ese factor fue uno de los argumentos para justificar la urgencia de la cautelar. Borruto consideró que esperar hasta una sentencia definitiva podría permitir que la actividad continuara durante nuevas temporadas sobre las mismas poblaciones de recursos marinos.
La demanda fue presentada por la Fundación Agustina Lerena, presidida por César Lerena y patrocinada por el constitucionalista Eduardo Barcesat. La organización impulsó una acción colectiva por daño ambiental y reclamó una reparación económica que estima en USD 26.465 millones por las capturas realizadas entre 1989 y 2025. Ese monto corresponde al cálculo presentado por la parte demandante y no a una indemnización fijada por la Justicia.
El 2 de noviembre, Borruto había reconocido la competencia del juzgado y la legitimación de la fundación para impulsar la acción. El fiscal federal, por su parte, se había pronunciado a favor de admitir la demanda y dictar la medida cautelar.
La resolución deberá ser revisada cuando las empresas se presenten ante el tribunal. En esa instancia, la jueza podrá mantener la prohibición, ampliarla, modificarla o dejarla sin efecto. La fundación tendrá a su cargo notificar a las compañías, incluidas aquellas radicadas en el exterior, mediante los procedimientos correspondientes.
La aplicación efectiva de la orden sobre las sociedades extranjeras dependerá de que se concreten esas notificaciones y de los mecanismos jurídicos aplicables en cada caso. Mientras tanto, la cautelar establece la obligación de abstenerse de realizar actividades pesqueras en los espacios alcanzados sin contar con autorización de las autoridades argentinas.
