Uno de los principales cambios está relacionado con la explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas, su entorno marítimo y la Plataforma Continental. El proyecto reemplaza la Ley 26.659 y amplía las restricciones existentes, que dejarían de estar limitadas a los hidrocarburos para abarcar también cualquier aprovechamiento no autorizado de recursos renovables y no renovables.
La responsabilidad alcanzaría a las empresas involucradas, pero también a proveedores, socios y accionistas. Para estos casos se prevén penas de hasta 20 años de prisión, además de multas e inhabilitaciones.
Las empresas alcanzadas por una inhabilitación quedarían impedidas de desarrollar determinadas actividades económicas en el país. La sanción también podría implicar la pérdida de habilitaciones y beneficios impositivos y previsionales, además de la rescisión de contratos.
La iniciativa contempla además la creación de un registro público de infractores, que impediría a personas y entidades contratar con quienes figuren en ese listado. Para estos delitos también se incorpora la posibilidad de realizar juicios en ausencia.
Otro eje del proyecto es la creación del Consejo de Seguridad Nacional, que estará encabezado por el Presidente. El organismo tendrá entre sus integrantes permanentes al jefe de Gabinete y a los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, además de representantes de la SIDE y de la Secretaría Legal y Técnica.
El objetivo del nuevo consejo será coordinar las políticas vinculadas con diplomacia, economía, defensa, justicia, inteligencia y ciberseguridad, así como intervenir en la protección de infraestructuras consideradas críticas.
El proyecto también establece nuevas reglas para responder ante eventuales amenazas en el espacio aéreo y marítimo. Frente a una aeronave considerada hostil, se prevé un procedimiento progresivo que contempla su identificación, advertencias y demostraciones de fuerza. Como última instancia, podrá utilizarse la fuerza mediante una orden expresa del Presidente, facultad que podrá ser delegada en el ministro de Defensa.
Para los buques se establece un esquema escalonado que incluye medidas de identificación, persecución e inspección. El hundimiento de una embarcación requerirá autorización presidencial y no podrá utilizarse como sanción contra buques civiles.
El Consejo de Seguridad Nacional también podrá disponer medidas de carácter urgente ante amenazas graves e inminentes. Entre las herramientas previstas aparecen restricciones sobre operaciones financieras y cambiarias, el bloqueo temporal de fondos y activos, la suspensión de autorizaciones y limitaciones sobre importaciones y exportaciones.
También se contempla la posibilidad de incrementar temporalmente determinados derechos aduaneros. Estas medidas deberán contar con una justificación y tendrán una duración determinada.
La iniciativa incorpora, además, nuevas restricciones relacionadas con la participación extranjera en la política nacional. Se prohibirían los aportes a partidos políticos y campañas electorales realizados por extranjeros que no tengan residencia permanente y por personas jurídicas extranjeras.
A su vez, el proyecto propone incorporar como delitos determinadas conductas vinculadas con servicios de inteligencia extranjeros, como revelar secretos, colaborar en operaciones clandestinas o intervenir en procesos electorales mediante acciones de desinformación masiva. También se prevén sanciones para el financiamiento de actos de violencia o sabotaje.
Finalmente, la propuesta redefine el concepto de Defensa Nacional para contemplar amenazas provenientes tanto de actores estatales como no estatales. Dentro de ese esquema, el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET) pasaría a tener rango legal.
El régimen contempla para las personas y entidades vinculadas con el terrorismo medidas como la inmovilización de bienes y la prohibición de realizar determinadas operaciones económicas.
El proyecto deberá ahora comenzar su recorrido legislativo en la Cámara de Diputados, donde se analizarán las modificaciones propuestas al sistema de defensa, las nuevas sanciones y las facultades previstas para el Estado frente a amenazas a la seguridad nacional.
