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Privatización de AySA: dos consorcios quedaron en carrera por el 90% de las acciones estatales

16 septiembre, 2026
in Economía
Privatización de AySA: dos consorcios quedaron en carrera por el 90% de las acciones estatales
La privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) entró en una instancia clave con dos consorcios que presentaron sus ofertas técnicas para quedarse con el 90% de las acciones que actualmente están en manos del Estado nacional. El proceso había comenzado con 17 grupos interesados, pero la competencia quedó reducida a dos propuestas.

Una de las ofertas está encabezada por Rowing y reúne a Transclor, Arcos Saneamento e Participações y otros socios. La otra corresponde a un consorcio liderado por Roggio ROAS, vinculado al Grupo Roggio.

La empresa presta los servicios de agua potable y saneamiento a unos 3,8 millones de usuarios distribuidos entre la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios del conurbano bonaerense. El 10% restante del capital permanecerá bajo el régimen de propiedad participada correspondiente a los trabajadores.

Todavía no existe una definición sobre el ganador. Antes de avanzar hacia la instancia económica, la comisión evaluadora deberá revisar la documentación legal, técnica, financiera y económica presentada por ambos grupos. Aquellos que superen esta etapa podrán acceder a la apertura de las propuestas económicas, en la que tendrá especial importancia el monto en dólares ofrecido por el paquete accionario.

De acuerdo con las condiciones establecidas para la operación, el futuro concesionario tendrá un contrato de 30 años, con posibilidad de extenderlo por una década adicional. También deberá afrontar inversiones iniciales cercanas a los US$2.000 millones durante los primeros cinco años, además de cumplir compromisos vinculados con la cobertura, el mantenimiento y la calidad de los servicios.

El consorcio encabezado por Roggio ROAS fue conformado específicamente como vehículo para desarrollar proyectos relacionados con agua y saneamiento. Entre sus integrantes se encuentran Benito Roggio e Hijos, Aguas del Plata Participaciones, Hidrosan Capital y Central Buen Ayre.

La estructura reúne distintas experiencias vinculadas con servicios e infraestructura. Benito Roggio e Hijos funciona como la principal constructora del grupo, mientras que Aguas del Plata Participaciones fue creada para intervenir en el negocio hídrico. Central Buen Ayre, por su parte, opera una planta de generación eléctrica a partir de biogás en el relleno sanitario Norte III, en el conurbano bonaerense.

En el sector sanitario, uno de los principales antecedentes del grupo es Aguas Cordobesas, compañía que brinda el servicio de agua potable en la ciudad de Córdoba. A esta experiencia se suma Hidrosan Capital, relacionada con Aguas de Corrientes y con la familia Chamas, que aporta antecedentes en el área de saneamiento.

El Grupo Roggio también posee participación en otros servicios públicos. Emova Movilidad gestiona la red de subterráneos y el premetro porteño, mientras que Metrovías opera el ferrocarril Urquiza. Para la propuesta por AySA, el consorcio cuenta además con respaldo técnico de la israelí Mekorot y la japonesa Marubeni.

La trayectoria empresarial del grupo también quedó vinculada a una investigación judicial de relevancia. En 2018, Aldo Roggio se convirtió en imputado colaborador en la causa conocida como de los cuadernos de corrupción. En su declaración reconoció que Metrovías había realizado pagos en efectivo al entonces secretario de Transporte Ricardo Jaime, equivalentes al 5% de los subsidios recibidos.

Según aquella declaración, el mecanismo había comenzado en 2003 y se extendido hasta 2011. Roggio sostuvo que esos pagos eran necesarios para conservar las concesiones del subte y del ferrocarril Urquiza. La información aportada en ese momento fue incorporada a la investigación sobre presuntas irregularidades relacionadas con los subsidios al transporte.

La otra propuesta está encabezada por Rowing S.A., una empresa de ingeniería y construcción fundada por Walter Román e integrada al Grupo Román, con actividades en sectores como infraestructura, logística, servicios postales, salud y medio ambiente.

En este consorcio también participa Mauricio Filiberti, propietario de Transclor. La compañía provee policloruro de aluminio a AySA desde 2009, un insumo utilizado en el proceso de potabilización del agua. De esta manera, la empresa pasaría de ser proveedora de AySA a integrar uno de los grupos que buscan asumir el control de la compañía.

Filiberti también participa en Edenor, una de las principales compañías eléctricas del área metropolitana, mientras que AySA figura entre sus clientes debido a la elevada demanda energética asociada con sus operaciones. Además, el empresario adquirió junto con sus socios el control de Metrogas.

La propuesta de Rowing incorpora como socio a Arcos Saneamento e Participações, vinculada al Grupo Equipav de Brasil. Ese grupo opera Águas do Rio, concesionaria de los servicios de agua y saneamiento en Río de Janeiro, y aporta la experiencia requerida para acreditar antecedentes en la gestión de grandes sistemas de saneamiento.

Dentro de la estructura accionaria del negocio de saneamiento del Grupo Equipav también participan el fondo soberano de Singapur GIC y la sociedad Itaúsa, vinculada a la familia Setúbal. A ellos se suma PHX Aqua AR B.V., un vehículo de inversión registrado en los Países Bajos.

Las dos propuestas presentan estructuras empresariales diferentes. Mientras el grupo encabezado por Rowing reúne a una constructora argentina, una compañía que ya mantiene una relación comercial con AySA y un operador brasileño con experiencia en grandes sistemas de saneamiento, la alternativa liderada por Roggio ROAS combina la experiencia del grupo en servicios públicos con compañías vinculadas al sector hídrico y de infraestructura.

El próximo paso será la evaluación de las propuestas técnicas y la determinación de cuáles están en condiciones de avanzar a la apertura de las ofertas económicas. A partir de esa instancia se definirá quién quedará a cargo del 90% de las acciones de AySA actualmente pertenecientes al Estado, aunque el proceso todavía contempla la posibilidad de impugnaciones y otras instancias administrativas propias de la licitación.

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