En conjunto, esas 50 empresas acumulan más de $500.000 millones en impuestos impagos, una cifra equivalente a unos USD 400 millones. La deuda, además, presenta una fuerte concentración: las cinco compañías con mayores obligaciones reúnen más del 30% del total, con una suma superior a $200.000 millones.
La empresa que encabeza el listado mantiene una deuda de más de $40.000 millones y atraviesa actualmente un proceso concursal. Los nombres de las compañías incluidas en el ranking no fueron difundidos.
El relevamiento también contempla empresas vinculadas con actividades comerciales, de servicios, industriales y de transporte. Dentro de ese universo aparecen compañías que atraviesan procesos de reducción de actividad, cierres o concursos, de acuerdo con los datos analizados.
A este panorama se suma la situación de las empresas públicas. Las 50 compañías con mayores deudas tributarias acumulan en conjunto unos $42.000 millones. Entre ellas aparecen empresas provinciales de servicios públicos que registran elevados niveles de endeudamiento. En estos casos, las posibilidades de avanzar con el cobro presentan una dificultad adicional, debido a que una eventual ejecución fiscal podría comprometer servicios esenciales dependientes de administraciones provinciales.
El sector sanitario es el que reúne la mayor cantidad de empresas dentro de los 50 principales deudores privados de ARCA. El grupo incluye prestadores y otros actores vinculados con la actividad, que mantienen obligaciones fiscales pendientes.
La situación del sector se arrastra desde antes de la pandemia y se profundizó a partir de las dificultades económicas posteriores a la crisis sanitaria. En ese período se acumularon nuevos problemas para un sistema que ya atravesaba restricciones financieras.
Frente a ese escenario, ARCA implementó una moratoria específica y distintos mecanismos de alivio tributario para empresas del sector. Algunos prestadores ya contaban con beneficios, aunque parte de esas medidas perdió vigencia y actualmente se analiza la posibilidad de establecer renovaciones de alcance limitado.
Desde el Ministerio de Salud se planteó que esas herramientas alcancen al conjunto del sector. La propuesta derivó en conversaciones con el Ministerio de Economía y con ARCA para definir condiciones tributarias especiales.
La presencia de empresas sanitarias entre los mayores deudores tributarios refleja la presión financiera que atraviesa la actividad y el peso que tienen las obligaciones fiscales dentro de una estructura que ya venía enfrentando dificultades.
El deterioro de los pagos no se limita a las grandes compañías. El análisis señala que el 13,4% de las empresas que registra deuda presenta algún tipo de mora. Los atrasos abarcan no solamente al sistema financiero, sino también a proveedores y organismos tributarios.
La postergación de pagos genera un efecto sobre toda la cadena comercial: cuando una compañía demora en cobrar, puede tener dificultades para cumplir con sus propios compromisos.
Entre las pequeñas y medianas empresas, los atrasos con bancos, proveedores e impuestos se duplicaron. El fenómeno alcanza tanto a las firmas que necesitan financiamiento para operar como a aquellas que dependen principalmente del crédito comercial.
El relevamiento contabilizó además casi 10.000 pymes en situación de mora que habían accedido a financiamiento con respaldo de sociedades de garantía recíproca (SGR). Estas entidades facilitan el acceso al crédito mediante avales y, para obtenerlos, las empresas deben presentar documentación y acreditar una situación contable formal.
Dentro de ese grupo, el 1,3% mantiene deudas impositivas. La mora con proveedores llega al 15,3%, mientras que los atrasos con bancos alcanzan al 8,6%.
Los datos muestran que, entre estas empresas, las obligaciones tributarias aparecen como uno de los principales focos de incumplimiento. En cambio, los pagos a proveedores y entidades financieras suelen ocupar un lugar prioritario para sostener la actividad cotidiana y conservar el acceso al crédito.
Cumplir con los proveedores resulta necesario para mantener la producción, los servicios y la comercialización, mientras que evitar atrasos bancarios permite reducir el riesgo de restricciones al financiamiento. En ese esquema, las obligaciones fiscales pueden quedar postergadas.
ARCA mantiene vigente una moratoria destinada a las pymes, mientras que el análisis no señala la existencia de un mecanismo equivalente dirigido específicamente a las grandes empresas. Al mismo tiempo, las condiciones actuales hacen que sostener una deuda tributaria resulte más costoso.
En períodos anteriores, una tasa de interés aplicada a las obligaciones fiscales que quedara por debajo de la inflación podía reducir el peso real de la deuda. Actualmente, en cambio, la tasa utilizada por ARCA presenta un rendimiento positivo, lo que incrementa el costo de acumular atrasos.
El aumento de la morosidad empresarial se produce, además, en un contexto en el que la recaudación continúa sin mostrar una recuperación, con caídas señaladas en los ingresos provenientes del IVA y del impuesto a los débitos y créditos.
