La disputa se originó tras la implementación del Decreto 690/2026, una normativa que modificó el esquema regulatorio de la actividad y que forma parte del proceso de desregulación impulsado por el Gobierno nacional para la Marina Mercante.
Los prácticos y baqueanos cumplen una función clave en la navegación comercial, ya que asisten a los capitanes durante el ingreso y egreso de los puertos, además de intervenir en zonas de alta complejidad como ríos, canales y vías navegables estratégicas para el transporte de exportaciones.
Desde el fin de semana pasado, un grupo importante de profesionales decidió no aceptar nuevas operaciones como medida de rechazo a los cambios establecidos por la nueva normativa. Como consecuencia, más de 140 embarcaciones que transportan energía, granos y otros productos permanecen detenidas en distintos accesos portuarios.
La situación generó preocupación dentro del Gobierno debido al impacto sobre el comercio exterior marítimo y la circulación de mercaderías.
A través de una publicación en el Boletín Oficial, la Prefectura notificó a los trabajadores involucrados y les exigió la “inmediata puesta a disposición” de sus servicios de practicaje y pilotaje.
El documento advierte que el incumplimiento podría derivar en sanciones disciplinarias al considerar grave la negativa a prestar el servicio. Además, señala que cualquier acción destinada a interrumpir la actividad podría quedar alcanzada por las normas del Código Penal vinculadas con la seguridad del transporte.
La intimación fue firmada por la máxima autoridad de la Prefectura Naval e incluye un listado con los 536 profesionales alcanzados por la medida.
Desde el sector de los prácticos sostienen que se trata de trabajadores independientes y que no existe una obligación general de aceptar nuevas tareas, aunque reconocen que existen responsabilidades cuando los servicios ya fueron asumidos.
El conflicto afecta una actividad considerada estratégica para la logística nacional, ya que el practicaje resulta fundamental para la operación de buques en zonas de navegación complejas como el río Paraná y el Río de la Plata, vías utilizadas para gran parte de las exportaciones argentinas.
El Decreto 690/2026 modificó un régimen que se encontraba vigente desde la década de 1990 y estableció nuevas condiciones para la prestación del servicio.
Desde el Gobierno argumentan que el objetivo de la medida es ampliar la competencia, reducir costos logísticos y permitir el ingreso de nuevos prestadores.
Entre los principales cambios se encuentra la eliminación de límites al número de prácticos habilitados. A partir de ahora, la Prefectura deberá registrar a todos los profesionales que cumplan con los requisitos técnicos, permitiendo que los usuarios puedan contratar libremente sus servicios.
La normativa también establece que las tarifas continuarán siendo negociadas entre las partes, aunque la autoridad portuaria podrá fijar valores máximos para cada tipo de operación, evitando cargos adicionales no autorizados.
Además, se modificaron las reglas relacionadas con el traslado de los prácticos hacia los buques. Los usuarios podrán contratar los medios necesarios para el embarque y desembarque, utilizando alternativas terrestres, acuáticas o aéreas habilitadas.
Los profesionales solo podrán rechazar una operación cuando exista una justificación objetiva vinculada con riesgos para su seguridad. En caso contrario, la negativa podrá ser considerada una falta grave.
El nuevo esquema también reduce los casos en los que la contratación de un práctico resulta obligatoria, al modificar los requisitos vinculados con las características de los buques y ampliar las posibilidades para que determinados capitanes puedan navegar sin asistencia profesional si cuentan con la experiencia requerida.
La normativa reformuló además las condiciones de formación y habilitación profesional. Podrán acceder al título de práctico capitanes de distintas especialidades navales y determinados oficiales retirados vinculados a la actividad, siempre que cumplan los requisitos técnicos y aprueben las evaluaciones correspondientes.
También se redujo la cantidad de viajes de práctica exigidos respecto del régimen anterior y se estableció la realización periódica de exámenes públicos para nuevos habilitados.
El decreto incorpora mecanismos para garantizar la continuidad del servicio ante situaciones excepcionales. Entre ellos, contempla la posibilidad de que la Prefectura intervenga directamente, solicite colaboración de la Armada o autorice temporalmente a capitanes con certificación de conocimiento de determinadas zonas.
Mientras continúan las diferencias entre el Gobierno y los profesionales del sector, la paralización mantiene bajo presión una actividad clave para el funcionamiento del comercio exterior argentino.
