La jueza Lorena Garini adoptó esta medida tras la solicitud de la fiscal Rafaela Florit, en una audiencia celebrada en los tribunales de Rufino. La situación ha suscitado preocupación en la comunidad debido a la seriedad de los hechos y la estrecha relación entre el acusado y la víctima.
Según información proporcionada por el Ministerio Público de Santa Fe, la fiscal Florit destacó la relevancia de la decisión, haciendo hincapié en que, a pesar de las objeciones del abogado defensor, la magistrada valoró los argumentos expuestos por el Ministerio Público de la Acusación (MPA). Uno de los aspectos cruciales para dictar la prisión preventiva fue la necesidad de resguardar la recolección de pruebas, dado que aún es fundamental entrevistar a la víctima en cámara Gesell, un procedimiento necesario en casos de abuso sexual que involucran a menores.
Los hechos bajo investigación ocurrieron el viernes 10 de este mes, alrededor de las 13:00, en una vivienda de San Gregorio que había sido prestada al imputado por un amigo. De acuerdo a la información de la Fiscalía, el propietario del lugar no se encontraba presente en ese momento. G.A.P. estaba a solas con la víctima, una adolescente que asiste a la primera parte de la educación secundaria, y un bebé que es familiar de ambos.
La fiscal Florit detalló que el imputado abusó de la confianza depositada en él, ya que se hallaba a cargo del cuidado de la adolescente y del bebé. Fue en este entorno donde, según las investigaciones, se materializó el abuso sexual.
Poco después del incidente, la víctima se comunicó con una mujer de su confianza mediante un mensaje pidiendo ayuda. Esta persona, al recibir el mensaje, informó a otro miembro del círculo cercano, quien logró que el acusado trasladara tanto a la adolescente como al bebé a un lugar distinto. Gracias a esta acción, la víctima pudo salir del entorno donde ocurrió el delito.
Durante el trayecto, el hombre bajo investigación reiteró amenazas verbales a la víctima, indicándole que no debía revelar lo sucedido, aduciendo que esto lo llevaría a la cárcel. Según la fiscal, estas amenazas constituyeron un intento de intimidación que podía dificultar la investigación, lo que motivó la solicitud de prisión preventiva para evitar cualquier obstáculo en la recolección de pruebas.
Con estos elementos, el hombre enfrentó cargos por abuso sexual simple, agravado por la guarda, conforme a la calificación penal establecida por la fiscalía.
La investigación continúa en marcha, con expectativa de que las próximas diligencias permitan avanzar en la obtención de pruebas y testimonios clave. El Ministerio Público de la Acusación reafirmó su compromiso con la protección de los derechos de la víctima y la búsqueda de justicia en un caso que ha encendido la alarma en la localidad de San Gregorio.
