Según trascendió, el procedimiento se realizó cerca de la medianoche del 23 de julio, cuando efectivos del Escuadrón de Seguridad Vial “Rafaela” de la GNA detuvieron dos camiones cisterna de matrícula boliviana en la localidad de Susana, en el departamento Castellanos.
Los vehículos se desplazaban en convoy y, durante el control, surgieron indicios de irregularidades que alertaron a los agentes. Uno de los conductores inicialmente se negó a identificarse y tampoco presentó la documentación requerida ante la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT). Durante la inspección, un sargento notó un olor fuerte a combustible que provenía de la cabina, una táctica utilizada habitualmente para intentar enmascarar el aroma de las drogas, según el personal judicial.
La situación se tornó más sospechosa al descubrir cinco mochilas en el primer camión. Al ser interrogado sobre su contenido, el conductor primero afirmó que se trataba de “ropa sucia”, pero eventualmente reconoció que transportaba “cosas prohibidas”.
Con la notificación a la Unidad Fiscal Rafaela y la autorización judicial del juez de garantías Santiago Saux, se procedió a la requisa. En el primer camión se encontraron 10 mochilas que contenían 228 ladrillos de cocaína, con un peso total de 239 kilos, distribuidos en la cabina y la cisterna.
Las investigaciones confirmaron que ambos camiones ingresaron a Argentina desde Bolivia el 22 de julio, con solo veinte minutos de diferencia, a través del paso fronterizo de Salvador Mazza, en Salta. La Dirección Nacional de Migraciones y la Aduana de Pocitos proporcionaron imágenes del escaneo de los vehículos en la frontera, donde se constató que estaban vacíos, lo que llevó a los fiscales a suponer que la droga fue incorporada en territorio argentino.
El segundo camión, requisado también bajo orden judicial, contenía en la cisterna otras seis mochilas similares a las anteriores, las cuales guardaban 142 ladrillos de un peso total de 149,5 kilos de clorhidrato de cocaína. Según la información del Ministerio Público Fiscal, el valor en el mercado de la droga incautada supera los 13.500 millones de pesos.
Los fiscales Gonzalo Ruggeri y Federico Grimm expusieron que los imputados actuaron “con dominio funcional del hecho y distribución de roles orientados a un fin común: recibir la sustancia estupefaciente, coordinar y ejecutar su traslado por vía terrestre en convoy, y concretar su entrega en el destino previsto dentro del país”.
Además, resaltaron que cada aporte, como el acondicionamiento y ocultamiento de la droga, la conducción de los vehículos, la vigilancia y coordinación, fueron “funcionalmente” necesarios para llevar adelante el plan.
El juez Santiago Saux formalizó la imputación basado en los hechos, las evidencias y la calificación legal presentada por la fiscalía, y aceptó la solicitud de una medida de coerción. Los tres imputados —los dos conductores y un acompañante— permanecerán en prisión preventiva durante 121 días, el período estipulado inicialmente para la investigación.
La fiscalía calificó la conducta de los detenidos como coautores del delito de tráfico ilícito de estupefacientes en su modalidad de transporte, agravado por la cantidad de involucrados, tal como lo establece la Ley 23.737. La medida de coerción busca asegurar la sujeción de los acusados al proceso penal y prevenir cualquier intento de entorpecimiento de la investigación.
La causa permanece abierta y las autoridades siguen trabajando para identificar a otros miembros de la presunta organización internacional dedicada al tráfico de drogas.
