La decisión se tomó durante las asambleas del 9 de junio, convocadas frente a las sedes de las secretarías de Trabajo en todo el país. En estos encuentros, la UTEP se unió a agrupaciones de izquierda, como Territorios en Lucha y el Bloque Nacional Piquetero, bajo el lema “Trabajo sin salario es esclavitud”. Alejandro Gramajo, secretario general de la UTEP y líder del Movimiento Evita, caracterizó la situación actual como “una emergencia social desbordante”.
La estrategia aprobada se desarrolla en dos frentes. El primero se centra en el programa Volver al Trabajo, que sucede al Potenciar Trabajo y que, gracias a una medida cautelar dispuesta por el Juzgado Federal de Campana, mantiene su funcionamiento mientras se resuelven cuestiones legales. Este fallo, que el gobierno ha apelado, ha obligado a continuar los pagos a más de 926.000 beneficiarios, quienes perciben un monto congelado de $78.000 desde el inicio del actual gobierno.
En caso de que el Ejecutivo no cumpla con la medida cautelar —desde el Ministerio de Capital Humano se asegura que no lo harán—, la UTEP prevé activar cortes de ruta a nivel nacional. Los reclamos también incluyen un aumento salarial alineado con el salario mínimo vital y móvil. Si la cautelar es respetada, la UTEP definirá en los primeros días de julio la forma de las próximas protestas, que dependerán del contexto.
El segundo frente busca una coordinación ampliada con el movimiento sindical. El 18 de junio, en la sede histórica de la Confederación General del Trabajo (CGT), se reunió el triunvirato cegetista con Gramajo y líderes de las dos ramas de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA). De este encuentro surgió la idea de construir un plan de lucha escalonado que involucre a todas las organizaciones sindicales.
La CGT moderó las expectativas sobre una huelga general inminente, proponiendo un enfoque gradual en el que cada sector presente sus demandas de manera coordinada. Sin embargo, algunas voces, como las de Roberto Baradel y Daniel Catalano, junto a Yasky y Godoy, han insistido en acelerar las manifestaciones. Desde la UTEP, se proyecta una marcha federal que recorra las provincias y termine en un lugar simbólico de las luchas populares, además de un nuevo paro general antes de fin de año.
La agenda de movilizaciones inmediatas ya incluye el 26 de junio, cuando se conmemorarán los asesinatos de los militantes sociales Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, ocurridos en 2002 en el Puente Pueyrredón a manos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.
Asimismo, algunas organizaciones tienen previsto recorrer mercados y supermercados para solicitar alimentos, en respuesta a la escasez en barrios vulnerables.
Un informe de la organización Libres del Sur indica que el 86% de los hogares en áreas populares de la provincia de Buenos Aires enfrenta estrés económico, el 77% de las familias ha reducido su consumo de alimentos básicos y cuatro de cada diez hogares come menos debido a las deudas económicas. El estudio revela que ocho de cada diez jubilados no logran cubrir sus necesidades alimenticias y que el 66% de las familias ha omitido comidas.
El 7 de agosto, al conmemorarse el día del Patrono del Trabajo, la UTEP recordará los diez años de la primera marcha de San Cayetano, que bajo el gobierno de Mauricio Macri recibió el apoyo del fallecido Papa Francisco. Se prevé una gran jornada multisectorial que reúna a gremios, estudiantes, feministas y defensores de los derechos humanos, en diálogo con la Iglesia, que ha acompañado históricamente estas movilizaciones.
Esteban “Gringo” Castro, ex secretario general de la UTEP y líder que realizó un ayuno frente a la Casa Rosada, afirmó: “El Gobierno no para de ajustar, no hay límite para el ajuste. Los salarios siempre van abajo de la inflación”. Además, subrayó el impacto del incremento en tarifas y precios básicos: “La mejor estrategia para que el salario te rinda es tener la comida barata y tarifas accesibles. Son cosas que no tiene nuestro pueblo”, agregando que la precarización obliga a muchas personas a realizar múltiples trabajos para subsistir.
En un contexto de alta coordinación internacional entre centrales obreras, las delegaciones argentinas en la reciente reunión de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Suiza expresaron su oposición a lo que consideran intentos del gobierno de desmantelar el sistema de relaciones laborales vigente.
Las movilizaciones de la UTEP se producen en un marco social alarmante, tal como lo refleja un informe sobre la situación de calle en Argentina, publicado por la Fundación para el Desarrollo Humano Integral. Este estudio destaca que el perfil de las personas en situación de calle ha cambiado, incluyendo ahora familias enteras, adultos mayores sin ingresos, mujeres víctimas de violencia y jóvenes desvinculados de sus entornos familiares, siendo la incapacidad de pagar alquileres la causa más común.
La investigación concluye que una proporción significativa de las personas en situación de calle no ha finalizado la escuela secundaria y que muchas no reciben asistencia económica del estado. Además, destaca que uno de cada dos hogares presenta problemas habitacionales y que un 14,19% tiene déficit cualitativo y cuantitativo.
Si bien la Ley Nacional 27.654 de “Situación de calle y familias sin techo” representa un avance en el reconocimiento de derechos, su implementación es deficiente debido a la falta de lineamientos operativos y financiamiento adecuado. Por su parte, el Decreto 373/2025, que traspasó responsabilidades a provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha planteado riesgos de profundizar desigualdades territoriales.
