Se busca también evaluar las declaraciones iniciales que hizo Adorni acerca de su significativo crecimiento patrimonial, que presentó durante una entrevista con el periodista José Del Rio, en el canal LN+, justo antes de entregar su tan esperada declaración jurada.
Pollicita ha solicitado al medio una copia sin editar de la entrevista en la que Adorni apuntó que el cambio más relevante en su declaración jurada fue la inclusión de más de US$500.000 acumulados en criptomonedas. Esta conversación se llevó a cabo en vivo, el miércoles pasado, sin edición.
Adorni explicó que invirtió US$200.000 en Bitcoin y obtuvo ganancias de US$300.000, montos que figuran en una corrección de su declaración jurada de 2023, donde aclaró una “venta de activos” que totaliza US$565.000, lo que le permitió equilibrar su balance entre ingresos y egresos.
El funcionario indicó que las ganancias provinieron de operaciones con Bitcoin desde 2013 y 2014. Por ello, el fiscal ha solicitado a la Comisión Nacional de Valores un informe sobre las plataformas, exchanges, billeteras y otros intermediarios de activos virtuales que han operado en el país desde 2012.
Además, el viernes, Pollicita solicitó a una entidad especializada un análisis técnico sobre la evolución histórica del precio del Bitcoin en dólares desde 2013 hasta el presente.
Las acciones del fiscal también incluyen dos countries. A la administración del Golf Club Indio Cua, donde Adorni alquiló y posteriormente adquirió una vivienda, se le han demandado registros de ingreso y egreso del periodo de noviembre de 2024 a agosto de 2025.
Asimismo, a la administración del barrio privado Fincas de Iraola 2, en La Plata, se le solicitó confirmar la residencia actual de Silvia Pais, madre de Adorni. Esto responde a informaciones que la ubicaban viviendo en esa comunidad, y se busca clarificar los términos de su posible mudanza, incluyendo montos acordados y condiciones de pago.
El fiscal también ha solicitado información del juzgado de Daniel Rafecas respecto al caso de Francisco Adorni, hermano del jefe de Gabinete, quien también enfrenta acusaciones de enriquecimiento ilícito. Pollicita investiga si hay lazos entre ambos casos.
A la administración de la ciudad de Buenos Aires se le ha pedido información sobre posibles vínculos laborales del funcionario con la Fundación Iberoamericana de Estudios Superiores, una entidad educativa privada sin fines de lucro.
La ANSES deberá entregar la historia laboral completa de Adorni y de Bettina Angeletti, su pareja, desde 2012. A pesar de que Adorni ha eludido explicar sus gastos de tarjeta de crédito, que duplican sus ingresos formales, destacó en la entrevista que su esposa ha ocupado “cargos gerenciales” en el sector privado.
La fiscalía ha solicitado también información al juzgado civil de La Plata encargado de la sucesión de su padre, Jorge Adorni, para entender la situación respecto a dicho trámite y los bienes reportados, incluyendo efectivo, cuentas o moneda extranjera. El funcionario mencionó haber encontrado dinero en la propiedad de su padre, que enfrentaba tres embargos.
Pollicita también ha encargado a la División Antifraude de la Policía Federal un amplio análisis de “fuentes abiertas” para recopilar información en redes sociales, medios y entrevistas donde Adorni hable sobre criptomonedas o billeteras virtuales. Esto es debido a que, tras la entrevista, se han difundido videos antiguos que contradicen su declaración sobre una supuesta ganancia de 300.000 dólares en activos digitales, donde en uno de ellos decía no estar del todo familiarizado con las criptomonedas y, en otro posterior, desaconsejaba el bitcoin como inversión.
Por otro lado, se investiga una línea abierta por Matías Tabar, un contratista que afirmó haber cobrado en efectivo 245.000 dólares por arreglos realizados en la propiedad de Indio Cua. Un análisis forense de su celular, que aún está en curso, reveló una compra superior a 8 millones de pesos en un local que vende artículos como sábanas y toallas.
La factura corresponde a Gisela Kocsis, quien desde hace años forma parte del personal del Gobierno. Pollicita ha pedido al establecimiento, denominado Rosen The Store, que remita toda la información sobre la operación, incluyendo el pago y el destino de los productos.
Las declaraciones juradas del funcionario ya están incorporadas al expediente judicial y serán consideradas por el personal de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI). Una vez completado este análisis, el fiscal podría convocar a Adorni para que brinde explicaciones.
