En este contexto, la Fundación PROAICE ha lanzado una agenda que tiene como objetivo fomentar el estudio y la discusión sobre la relación entre el Estado, el sector privado y la sociedad civil, mientras que, simultáneamente, avanza en el Congreso un proyecto de Ley de Lobby para regular estas actividades.
La propuesta busca alinear a Argentina con modelos establecidos en países como Estados Unidos y diversas naciones europeas, donde la gestión de intereses se encuentra regulada por marcos específicos y se incluyen programas académicos dedicados al estudio de la actividad.
Para avanzar en esta dirección, la Fundación PROAICE ha instaurado el Foro GI&T (Gestión de Intereses & Transparencia), reconocido como el primer espacio en el país dedicado al análisis crítico de los asuntos públicos y los mecanismos de interacción entre diferentes actores institucionales.
La primera edición del foro se llevará a cabo el próximo 18 de junio en el Salón de Actos de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y tendrá una duración de tres horas y media. El encuentro estará dividido en tres paneles temáticos en los que participarán especialistas, líderes y legisladores nacionales.
El primer panel contará con las presentaciones de Ricardo J. Ferrer Picado y Antonio Fratamico, bajo la moderación de Constanza Mazzina.
El segundo panel incluirá a Hernán Munilla Lacasa, Alexia Rosenthal, Georgina Losada y Roberto D. Murmis, moderado por Carlos Rozen.
Finalmente, el tercer panel se enfocará en la discusión legislativa, moderado por Gonzalo M. Chiarullo, presidente de Fundación PROAICE. En este espacio, intervendrán los senadores Juan Carlos Pagotto y Eduardo Alejandro Vischi, junto a los diputados Santiago Pauli, Sergio Capozzi y Martín Ardohain.
Desde la organización se enfatiza la intención de propiciar una conversación técnica y plural sobre un fenómeno considerado estructural en las democracias contemporáneas. “Las democracias modernas funcionan atravesadas por mecanismos de influencia e interacción entre actores públicos y privados. El desafío ya no pasa por negar esa realidad, sino por entender cómo funciona, cómo se regula y cómo se transparenta”, indicaron desde la entidad.
Además, se están desarrollando nuevos programas en colaboración con instituciones académicas como la Universidad del CEMA, con el objetivo de integrar esta temática en la formación universitaria y elevar los estándares internacionales de transparencia.
El debate académico coincide con el avance de iniciativas legislativas que buscan regular formalmente la actividad. Recientemente, ha ganado impulso un proyecto presentado por Oscar Agost Carreño que propone establecer un marco normativo para hacer más transparente la influencia de diversos actores en la toma de decisiones públicas.
Este proyecto contempla la creación de un Registro Nacional de Gestión de Intereses en Materia de Asuntos Públicos, que será público, accesible y digital.
La propuesta estipula que los gestores de intereses -sean profesionales, representantes sectoriales o entidades de la sociedad civil- deberán registrarse de manera obligatoria y declarar periódicamente sus actividades, encuentros y conexiones con funcionarios públicos.
Asimismo, se exigirá a los funcionarios que informen sobre sus reuniones con lobbistas, incluidos aquellos encuentros que se realicen a través de plataformas digitales o redes sociales. El proyecto también incluye sanciones por incumplimientos, restricciones para exfuncionarios y mecanismos de denuncia ante posibles irregularidades.
Entre las justificaciones de la propuesta, Agost Carreño aseguró: “Este proyecto no demoniza el lobby. Lo ordena, lo documenta y lo vuelve visible. Porque en una democracia sana, la ciudadanía tiene derecho a saber quién influye, con qué medios y para qué”.
El legislador también relacionó la necesidad de una regulación más clara con recientes episodios que han suscitado dudas sobre la influencia y la falta de mecanismos institucionales de trazabilidad. “La influencia sobre decisiones del Estado no puede seguir ocurriendo en la opacidad. Necesitamos saber quién gestiona intereses, ante quién, con qué fines y con qué recursos”, afirmó.
Este debate abre una discusión que durante años estuvo relegada en la agenda argentina: cómo transparentar una práctica presente en todas las democracias contemporáneas y establecer límites, controles y normas claras para su funcionamiento.
