La legislación actualmente en vigor, aprobada en 2021, exige que todos los productos alimenticios y bebidas no alcohólicas que excedan ciertos nutrientes críticos —sodio, azúcares, grasas y calorías— lleven un rótulo octogonal negro en su envase para advertir sobre su contenido. Esta normativa se basa en los criterios establecidos por la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
Asimismo, las empresas están obligadas a añadir una etiqueta rectangular a los productos que contengan cafeína o edulcorantes, con el objetivo de desincentivar su consumo en la infancia. Además, para proteger la salud de los niños, la ley prohíbe la publicidad dirigida a ellos para productos que porten uno o más sellos y restringe su venta en escuelas.
Ahora, el gobierno de Milei busca llevar a cabo cambios en dicha norma. En este momento, el Ministerio de Desregulación, bajo la dirección de Federico Sturzenegger, se encuentra finalizando los detalles del proyecto a presentar en el Congreso, evitando por ahora avanzar en los cambios propuestos.
En 2024, la administración nacional ya había implementado modificaciones a la Ley de Etiquetado Frontal a través de dos resoluciones de la Anmat. En esta ocasión, se determinó que el cálculo de los nutrientes en exceso, aunque aún dentro de los estándares de la OPS, se haría únicamente sobre los componentes añadidos durante el proceso de producción, excluyendo los naturales de los alimentos.
Simultáneamente con los cambios que planea implementar el Ejecutivo, la semana pasada se presentó un proyecto en el Congreso para derogar la ley de Etiquetado Frontal. Esta iniciativa cuenta con la firma de los diputados Daiana Fernández Molero (Pro) y Alejandro Bongiovanni (La Libertad Avanza).
Los legisladores sostienen que el cálculo actual del exceso de ciertos nutrientes, que se basa en la proporción de calorías totales y no en valores absolutos, podría generar una “distorsión de la información” para el consumidor. Además, resaltan que bajo el sistema vigente, la mayoría de los productos contienen al menos un sello, alcanzando en 2023 un 85% de esta proporción.
“La Ley de Etiquetado Frontal no solo no informa, sino que confunde. Si TODO tiene octógono negro, el sello no significa nada”, manifestó Bongiovanni en su cuenta de X. “Esto también incrementa los costos para el productor y dificulta las exportaciones porque es incompatible con los estándares del Mercosur”.
Otro de los aspectos que critican sobre la normativa vigente es su falta de alineación con los estándares de otros países del Mercosur. En Chile, Uruguay, Brasil y Paraguay utilizan diferentes criterios para calcular el exceso de nutrientes, centrándose en sus valores absolutos por cada 100 gramos o mililitros, a diferencia de la proporción de calorías.
Los umbrales máximos aceptados para evitar el sello, no obstante, varían entre los distintos países, donde Brasil y Paraguay poseen sistemas más similares en esta faceta.
Los diputados firmantes argumentan que esta falta de uniformidad complica el comercio y la inversión, especialmente para pequeñas y medianas empresas. En respuesta a consultas, los legisladores explicaron que con su propuesta buscan permitir a los organismos técnicos desarrollar un sistema que unifique criterios con los países vecinos. “Nuestra propuesta es la derogación. Volver atrás con la norma. Y que los organismos técnicos (como en la mayor parte del mundo) establezcan criterios razonables y homologables con los países del Mercosur en cuanto a la información nutricional”, concluyó Bongiovanni.
