“Busqué el teléfono y el mail, y mandé una carta documento a este lugar. Me respondió el coordinador: Alberto Santarceri, que me dijo que supuestamente no había ninguna persona con mi nombre que hubiera trabajado en ese lugar, pero que igualmente iban a abrir un sumario interno de investigación. Después de ahí nunca supe más nada hasta ahora”, compartió Neira en una entrevista.
La carta documento que envió Romina reveló un problema mucho más grave: al menos 50 sellos fueron falsificados y utilizados para firmar certificados médicos fraudulentos en esta clínica irregular. La información de los profesionales se había obtenido de internet.
La Fiscalía N° 1 de Laferrere, bajo la dirección del fiscal Fernando Garate, identificó varias sedes de Argentina Salud que operaban en distintas localidades de La Matanza: una en Virrey del Pino, dos en González Catán y dos más en San Justo. Todos estos locales estaban abiertos las 24 horas y ofrecían atención en diversas especialidades.
El caso se complicó aún más al descubrir que la clínica utilizaba cinco ambulancias no habilitadas. Al investigar quién estaba al mando, se encontró que Alberto Rubén Santarceri (57), el propietario, tenía antecedentes penales relacionados con un homicidio. Su segundo al mando, Gabriel Musse (48), también había cumplido condena por homicidio, aunque no hay evidencia que vincule a ambos con organizaciones delictivas.
Hace cinco años, tras cumplir sus penas, Santarceri y Musse establecieron la clínica en Virrey del Pino, expandiéndose posteriormente a otras sucursales. Fuentes cercanas a la investigación advierten que un número significativo de pacientes podría verse afectado, y se espera que presenten denuncias en los próximos días.
Con la evidencia recabada, el Juzgado de Garantías 3 del Departamento Judicial de La Matanza, presidido por el juez Rubén Ochipinti, autorizó un total de trece allanamientos en residencias particulares, varios establecimientos sanitarios y farmacias que estaban involucradas en la venta de medicamentos robados. Esto también habría ocurrido a través de tácticas de piratería del asfalto, donde se atacan transportes de droguerías para robar mercancía y comercializarla ilegalmente.
Previo a los allanamientos, se había emitido una orden de detención para cinco individuos relacionados con delitos de “asociación ilícita, ejercicio ilegal de la medicina, venta ilegal de medicamentos y usurpación”.
