El 11 de diciembre no solo señalará el inicio de una nueva etapa política en Argentina, sino también la posibilidad de que el sector agropecuario retome un papel preponderante en la agenda legislativa. En este marco, el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), que agrupa a más de 60 cámaras y 35 cadenas de valor, se apresta a impulsar un conjunto de proyectos que —según sus representantes— pueden transformar la estructura productiva del país.
“Contamos con una oportunidad extraordinaria” para promover las leyes que la agroindustria requiere, afirmó Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera (CIARA-CEC) y uno de los principales voceros del CAA, durante la jornada de la Cámara de Legumbres de la República Argentina (CLERA), que conmemoró su cincuentenario en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. “La ciudadanía optó por un país federal, productivo y exportador, y esta constituye la vía práctica para materializar dicha visión”, sostuvo.
En diversas entrevistas recientes, el propio presidente Javier Milei también hizo alusión a la necesidad de “liberar al campo” y “apostar por la agroindustria como motor del crecimiento argentino”, una perspectiva que el sector interpreta como un gesto político favorable para la nueva fase legislativa que se inicia en el Congreso.
Asimismo, cabe recordar que, con la renovación legislativa, el oficialismo dispondrá de un Congreso más receptivo a las propuestas del sector privado.
Desde el CAA y la Fundación Barbechando —la organización encargada del seguimiento técnico y político de los proyectos agroindustriales— ya han iniciado conversaciones con los bloques libertario, radical y del PRO para asegurar consensos. “El desafío residirá en construir política de Estado mediante leyes, que es el fundamento más sólido y perdurable que posee el país”, enfatizó Idígoras.
Durante el mismo encuentro, el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Sergio Iraeta, destacó el “nuevo clima de trabajo” y garantizó el compromiso de la cartera con el fortalecimiento de las cadenas agroindustriales. Explicó también que “ha mejorado el ambiente y el estado de situación en el cual los productores podrán desarrollar su actividad. Desde la Secretaría estamos para escuchar, comprender y, en la medida de nuestras posibilidades, resolver los problemas. Las puertas están abiertas y estamos trabajando para abrir nuevos mercados para las legumbres y otras producciones”.
Una ley para el agro que contará con el respaldo del oficialismo
El primer proyecto que el Consejo procura impulsar es la Ley RIMI (Régimen de Inversión y Empleo), que el Gobierno adaptó a partir del texto original del proyecto de inversión agroindustrial presentado por la Mesa del CAA. “Argentina posee el sector más activo de su economía sin una ley de inversiones”, recordó Idígoras. “Contamos con leyes para petróleo, gas o minería, pero ninguna para el agro. Y esta norma no propone subsidios, sino incentivos reales para quien invierta, genere empleo y aumente las exportaciones”.
El proyecto, suscrito por la diputada Romina Díez y mencionado por el Presidente en una entrevista reciente, busca ofrecer devolución de IVA, amortización acelerada y beneficios fiscales para empresas que destinen más de u$s150.000 a nuevos desarrollos. “Incluye al agro por primera vez, con beneficios para ganadería, agroquímicos y fertilizantes”, detalló el dirigente.
Idígoras remarcó además que “el propio Ministerio de Economía nos indicó que esta es la única ley de inversión y de promoción de empleo e inversión que existirá”. Y advirtió: “Debemos alcanzar el primer semestre del año entrante con la ley aprobada, para que en el segundo semestre los productores comiencen a invertir con estos beneficios que no implican impacto fiscal, pues todo es incremental”.
El segundo eje legislativo es la Ley de Riesgo Agropecuario, un proyecto que el Consejo Agroindustrial elaboró conjuntamente con la Fundación Barbechando para proteger al productor frente a la sequía y los eventos climáticos extremos. “El país requiere un sistema de seguros y reaseguros que funcione. Hoy la mayoría de los productores carece de cualquier tipo de cobertura climática porque las ofertas privadas son extremadamente costosas o inexistentes”, advirtió Idígoras.
El objetivo del proyecto es establecer un marco nacional que posibilite el desarrollo de seguros multirriesgo con respaldo estatal y reglas estables. Se trata de una herramienta que ya existe en países competidores como Brasil o Estados Unidos, y que el sector agroindustrial argentino considera indispensable para estabilizar la producción y evitar pérdidas millonarias.
La tercera iniciativa prioritaria del CAA es una nueva Ley de Biocombustibles, orientada a reemplazar el régimen vigente, que según Idígoras “es una ley soviética, porque interviene precios, volúmenes y productores”. El proyecto busca incrementar los cortes obligatorios de bioetanol y biodiésel, fomentar la libre competencia entre empresas y promover el uso de insumos nacionales como maíz, caña de azúcar y soja.
“Argentina posee la capacidad de abastecer cuatro veces la demanda de gasoil con materias primas que ya produce”, señaló Idígoras. “Necesitamos un marco que permita que los biocombustibles sean económicamente viables y competitivos, sin subsidios ni cupos arbitrarios”.
Este punto tiene además un impacto directo sobre la producción primaria, al mejorar la demanda de granos y generar mejores precios internos para los productores.
Federalismo, innovación y sustentabilidad
Según se pudo confirmar tras consultar diversas fuentes del sector agroindustrial, la agenda del Consejo Agroindustrial se sustentará en tres pilares: una visión federal, que integre a todas las provincias productivas; una perspectiva innovadora, que impulse leyes como las de semillas o biotecnología; y un enfoque sustentable, alineado con las nuevas exigencias ambientales y laborales del comercio internacional.
En este sentido, Idígoras destacó que “el mundo ya no demanda solo calidad y precio, sino también calidad ambiental y social. Por ello trabajamos en la debida diligencia y en demostrar el cumplimiento de la legislación argentina en materia laboral, impositiva y ambiental. La cadena de legumbres, por ejemplo, es un excelente ejemplo de lo que el país puede lograr si combina productividad, trazabilidad y sustentabilidad”.
Además, el Consejo impulsará una ley de presupuestos mínimos para unificar criterios sobre buenas prácticas agropecuarias y aplicaciones fitosanitarias, ante la proliferación de regulaciones dispares en municipios que restringen el uso de agroquímicos sin sustento técnico.
Con la mira puesta en diciembre, el CAA se prepara para relanzar su agenda legislativa con apoyo transversal. Los proyectos, que contarían con aval técnico y consenso entre una parte significativa de los legisladores (actuales y entrantes), se presentan como parte de una visión más amplia: convertir la competitividad del sector agropecuario en política de Estado.
Según Idígoras, “debemos cesar la discusión cada cuatro años sobre si exportamos o no, si disminuimos o incrementamos retenciones. Argentina necesita una estrategia estable que permita crecer, invertir y generar empleo. Si el país aspira a desarrollarse, debe volcar su atención al interior productivo y comprender que el agro no es el problema, sino la solución”.
En el Congreso que asumirá el próximo 11 de diciembre, esa visión parece encontrar cada vez mayor eco. Entre la expectativa y el pragmatismo, el sector privado se prepara para lo que podría ser la ofensiva legislativa más significativa del agro en los últimos años.
