Así como el Gobierno demanda a la oposición explicaciones sobre la financiación de cada proyecto de ley que implique un aumento en el gasto, recíprocamente, se le podría exigir a la Casa Rosada la aplicación de idéntico criterio al autorizar una reducción impositiva, como en el caso de las retenciones.
Esto representa, en efecto, un incremento del gasto tributario. Dicha denominación se aplica a todas las exenciones de pago de ciertos impuestos que benefician a individuos o corporaciones. Se trata de exenciones amparadas por una ley general que rige un impuesto o por mecanismos de promoción, como el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).
En lo que concierne a la eliminación temporaria de retenciones, se estima un gasto tributario del 0,23% del PBI para el presente año. En otras palabras, esto implica una merma de aproximadamente u$s1.500 millones en la recaudación fiscal.
Este costo para el Estado nacional se incurre para que una decena de empresas cerealeras anticipen unos u$s7.000 millones. Hasta el momento, el Gobierno no ha explicitado cómo compensará la disminución de ingresos, en caso de tener tal intención.
Cabe recordar que el proyecto de Ley de Presupuesto 2026 proyecta un escenario potencial de cierre para el 2025, donde el Sector Público Nacional (SPN) alcanzaría un superávit primario del 1,5% del PBI y uno financiero del 0,3%.
Según un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), previo a la medida, el Gobierno anticipaba recaudar recursos equivalentes al 15,75% del PBI y erogar el 14,25% del PBI. En comparación con 2024, la caída de ingresos sería de 0,4 puntos del PBI, mientras que los gastos disminuirían 0,75 puntos.
Ahora, al resignar más ingresos, el presente año contaría con el equivalente al 15,6% del PBI. Para mantener el mismo resultado, los gastos deberían ascender al 14,09% del PBI, lo que implica un ajuste de 0,91 puntos del PBI en relación con el gasto del año anterior.
El IARAF indica que, antes de la aplicación de la reducción de retenciones, el Gobierno proyectaba finalizar 2025 con ingresos por $139,21 billones (-2,1% interanual). Con la eliminación temporal de los derechos de exportación, los ingresos descienden a $137,93 billones (-3,3% interanual).
En contraste, si se analiza la columna del gasto, el Gobierno preveía erogar unos $126,02 billones (-0,4% real interanual). De estos, el gasto indexado suma $63,6 billones (+14,3%). Si el Ejecutivo tuviera que corregir el gasto primario para compensar la pérdida por retenciones, este debería ser de $124,75 millones.
El único ámbito de acción posible reside en el gasto no indexado, el cual debería reducirse de $62,3 billones a $61 billones. Según el IARAF, para compensar, sería necesario recortar un 9,3% la masa salarial, un 24,8% los programas sociales, un 42% los subsidios a la energía y un 17% la inversión real directa. Con estas cifras, el Gobierno podría concluir 2025 con un superávit primario de $13,1 billones y uno financiero de $2,58 billones.
Sin embargo, es altamente probable que no se alcance el superávit del 1,5% originalmente previsto. En este escenario, según estimaciones del IARAF, el superávit primario sería de $11,9 billones, lo que representa una caída del 30% respecto de 2024, mientras que el financiero se reduciría a $1,3 billones, con una disminución del 61,8% en relación con el año pasado.
Adicionalmente, es imperativo considerar que estas proyecciones sobre el gasto presuponen una proporcionalidad en el comportamiento de sus diversos componentes durante el último cuatrimestre. El IARAF señala que, de mantenerse dicha proporcionalidad, por ejemplo, la masa salarial experimentó un descenso acumulado del 6% en los primeros ocho meses del año, por lo que en los últimos cuatro meses debería disminuir un 10% para que el cierre anual refleje una merma del 7,5%.
