La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, dispuso el cierre definitivo del Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios (ReNaCOM), un organismo que tenía como objetivo relevar y sistematizar información sobre los espacios que brindaban asistencia alimentaria en todo el país. La medida fue oficializada este miércoles a través de la Resolución 393/2025, publicada en el Boletín Oficial y firmada por el secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, Juan Bautista Ordoñez.
Según el texto oficial, a partir de ahora el seguimiento y la fiscalización de los comedores comunitarios se realizará “de manera presencial y con el uso de nuevas tecnologías”, con el objetivo de “optimizar los recursos públicos” y “mejorar la administración” de los programas alimentarios.
La decisión generó rechazo entre diversas organizaciones sociales, quienes advierten que la medida implica una pérdida de herramientas clave para diagnosticar y atender la demanda alimentaria. Desde el Gobierno nacional, sin embargo, insisten en que el cierre busca corregir irregularidades detectadas durante los primeros meses de gestión, como la existencia de supuestos “comedores fantasmas”.
Fuertes críticas desde las organizaciones sociales
Uno de los principales cuestionamientos vino de parte de Nicolás Caropresi, dirigente de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP). En diálogo con Noticias Argentinas, señaló que el ReNaCOM permitía hacer un seguimiento de las políticas públicas en el territorio y que su eliminación “genera más oscuridad donde antes se intentaba poner claridad”.
“Desde que asumió el Gobierno de Javier Milei, dejaron de entregar alimentos. Ahora lo que están haciendo es vaciar una herramienta que servía para tener información precisa sobre la situación en los barrios”, afirmó. Además, advirtió que las auditorías impulsadas por la actual gestión “no fueron más que una puesta en escena”.
Según Caropresi, las visitas anunciadas por el Ministerio de Capital Humano cubrieron “menos del 10% de los comedores existentes”. En ese sentido, aseguró que no se está generando un nuevo proceso de fiscalización serio y que, por el contrario, “se está atacando a las organizaciones con registros incompletos y sin chequear información”.
“El ReNaCOM no era lo que definía si un comedor recibía alimentos o no, pero sí permitía conocer la demanda, identificar necesidades y hasta hacer un seguimiento nutricional. Hoy, todo eso se desmantela sin ofrecer una alternativa transparente”, agregó el dirigente social.
Una medida en línea con el ajuste del gasto social
El cierre del ReNaCOM se enmarca en la estrategia del Gobierno nacional de reducir el gasto público en el área social. Desde principios de año, diversas organizaciones han denunciado recortes en la entrega de alimentos secos, el congelamiento de convenios con comedores comunitarios y la paralización de programas orientados a la seguridad alimentaria.
En reiteradas ocasiones, la ministra Pettovello ha defendido estas decisiones bajo el argumento de combatir la intermediación política en la asistencia social y eliminar mecanismos que, según su visión, fomentaban la corrupción.
Sin embargo, desde sectores críticos remarcan que el desmantelamiento de registros y herramientas de diagnóstico no fortalece el control, sino que debilita la capacidad del Estado para intervenir en un contexto social cada vez más delicado.
