La jueza federal Sandra Arroyo Salgado consideró como un avance crucial la reciente decisión judicial de citar a más de 100 militares en el marco de la investigación por la muerte del fiscal Alberto Nisman. “Es una medida muy valiente y muy importante”, afirmó la magistrada y exesposa del fiscal, al tiempo que sostuvo que la citación “sin dudas va a contribuir y echa luz a lo que fue su asesinato”.
En declaraciones a Radio Mitre, Arroyo Salgado expresó el agradecimiento de la familia del fiscal por el impulso que toma la causa. Recordó que ya pasaron casi diez años desde su muerte y que aún persisten muchas preguntas sin respuesta. Bajo ese marco, valoró especialmente la decisión del fiscal federal Eduardo Taiano, quien ordenó convocar a militares y agentes de inteligencia que actuaron durante el gobierno kirchnerista.
Según nuestra redacción, las citaciones alcanzan a personal militar y civil de inteligencia que se desempeñó bajo las órdenes del exjefe del Ejército, César Milani, así como a exmiembros de la exSIDE y de otras agencias de seguridad nacional. El objetivo es determinar el rol que pudieron haber tenido en los días previos y posteriores al fallecimiento de Nisman, ocurrido el 18 de enero de 2015.
Una causa con múltiples líneas de investigación
La Justicia busca reconstruir los vínculos entre los servicios de inteligencia y la muerte del fiscal, quien iba a presentar al Congreso una denuncia contra la entonces presidenta Cristina Kirchner por presunto encubrimiento en la causa AMIA. El expediente incluye análisis de llamadas telefónicas, registros de ingreso al edificio donde vivía Nisman y presuntas maniobras para alterar la escena del crimen.
En ese sentido, Arroyo Salgado también recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó recientemente al Estado argentino por no haber esclarecido el atentado a la AMIA. “Él (Nisman) se encontraba investigando ese caso, y la falta de respuestas lo rodeó hasta el final”, sostuvo. Además, subrayó la necesidad de que se garantice el acceso a los archivos desclasificados de inteligencia, tanto para la familia como para las víctimas del atentado.
Las sospechas actuales apuntan a dos grupos de inteligencia que operaban de forma paralela: el sector vinculado a Antonio “Jaime” Stiuso y el liderado por Fernando Pocino. Según informes de la PFA, existieron numerosos cruces de llamadas entre agentes durante la mañana en que se descubrió el cuerpo de Nisman. El análisis incluye más de 45.000 comunicaciones y 500 líneas telefónicas, lo que revela un entramado complejo de relaciones entre sectores del Estado.
Posibles responsabilidades en la escena del crimen
En paralelo, la Justicia también investiga el ingreso de al menos 50 personas al departamento de Nisman tras su muerte. Entre los señalados figuran el exsecretario de Seguridad, Sergio Berni, el exjefe de la Policía Federal, Román Di Santo y otros funcionarios que habrían incumplido protocolos básicos de preservación de pruebas. Todos están imputados por presunto incumplimiento de deberes.
El informe de la Gendarmería Nacional incorporado a la causa sostiene que Nisman fue asesinado por al menos dos personas. El peritaje indica el uso de ketamina, una escena manipulada para simular un suicidio y la utilización de un arma del entorno del fiscal. Esta hipótesis descarta la participación de un atacante externo e indica un crimen cuidadosamente preparado.
El expediente continúa bajo la dirección del fiscal Taiano, con el magistrado Julián Ercolini a cargo. El técnico informático Diego Lagomarsino sigue procesado como partícipe necesario, mientras que cuatro custodios están siendo investigados por su actuación antes y después del hallazgo del cuerpo.
