Avanzan las negociaciones entre Nación y Ciudad volvió a salir a flote en las últimas horas en el marco de las negociaciones que se llevan a cabo por la firma del convenio sobre las transferencias de competencias del sistema penitenciario y el traspaso de presos. El Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich elevó la presión a las autoridades porteñas para firmar el acuerdo antes del 8 de julio, fecha en la que finalizarán las facultades delegadas de Javier Milei. El objetivo es lograr formalizarlo vía DNU. En CABA se resisten a estampar la rúbrica por diferencias en la redacción.
En el marco de la mesa de trabajo que pusieron en marcha meses atrás, representantes del Ejecutivo nacional y funcionarios del gabinete de Jorge Macri mantuvieron un nuevo encuentro en los últimos días para limar diferencias y acercar posiciones. Según supo nuestra redacción, la reunión se desarrolló en buenos términos, pero no logró subsanar las discrepancias que aún persisten en el escrito que acercó el equipo nacional a su contraparte porteña en junio.
El borrador, que está bajo análisis de las áreas de legal y técnica de Ciudad, incluiría el traslado de detenidos y la transferencia de las competencias del Servicio Penitenciario Federal desde la órbita nacional hacia el ámbito porteño. Eso abarcaría el traspaso de instalaciones, como un pabellón del penal de Ezeiza y el sector que se está construyendo en Marcos Paz, además del traslado de detenidos de la cárcel de Devoto, la cual dejaría de estar activa. Además, incluiría personal y fondos, uno de los reclamos del Ejecutivo porteño.
Los motivos por los que Nación busca firmar el convenio con Ciudad antes del 8 de julio
En el ministerio que conduce Bullrich buscan acelerar los tiempos de la firma del convenio por un motivo concreto. El 8 de julio vencerán las facultades delegadas, en materia administrativa, económica, financiera y energética, que el Congreso Nacional le otorgó a Javier Milei en la ley Bases. Y, tal como informó Ámbito, el jefe de Estado no renovará los superpoderes.
Si las negociaciones con Ciudad llegan a buen puerto antes de ese momento, se podrá formalizar a través de un DNU. El objetivo principal de la administración libertaria es lograr que eso ocurra, ya que cualquier acuerdo al que arriben a posteriori deberá pasar inevitablemente por el Parlamento nacional, con las dificultades que atraviesan actualmente para generar consensos.
Si bien a grandes rasgos hay coincidencia, las diferencias postergan la firma del acuerdo. El más relevante tiene que ver con la ventana de tiempo entre la rúbrica y el traspaso definitivo, momento a partir del cual Nación dejaría de asumir el traslado de presos desde las alcaidías de CABA al Servicio Penitenciario Federal, algo que a principio de año se frenó y que, luego de retomarse, actualmente se cumple por debajo de la cuota. Fuentes del Gobierno porteño que forman parte de la mesa de trabajo señalan que el plazo que propone Nación es operativamente inviable.
Hoy en día, según cifras del Gobierno de la Ciudad, hay poco más de 2.400 detenidos en comisarías y alcaidías locales, de los cuales 269 están imputados, 1.751 procesados y 390 condenados. Unos 1.649 están arrestados por delitos contra la propiedad, aunque también hay condenados por delitos graves: 25 de ellos están sentenciados a más de 10 años y uno de ellos a prisión perpetua. La firma del convenio permitiría aliviar la situación carcelaria, mejorando las condiciones laborales del personal de seguridad, las condiciones de detención de los presos y reduciría los peligros de fuga que generan temor en la ciudadanía.
Las charlas entre Nación y Ciudad avanzaron en los últimos meses, luego de las tensiones de la campaña electoral. Sin embargo, en tiempos de definiciones volvieron a surgir diferencias. En CABA consideran que al no estar terminado el penal de Marcos Paz, hacerse cargo del traslado de detenidos sin una plaza donde enviarlos sería imposible de cumplir y agravaría la situación actual. Las obras del nuevo sector de la penitenciaría estarían terminadas en diciembre, pero recién comenzaría a estar operativo en abril.
Desde Uspallata ponen reparos a la firma del acuerdo si no se avanza en modificaciones, principalmente en cuanto al plazo que actualmente estipula el borrador. Si bien las autoridades porteñas son conscientes de la urgencia de que se llegue a buen puerto, consideran que debe hacerse pero “no a cualquier costo”.
El debate en la Legislatura, la otra parada obligatoria
Mientras tanto, la administración de Jorge Macri comenzó a preparar el terreno en la Legislatura, donde deberá refrendar el acuerdo una vez que sea firmado. En paralelo, ya trabaja en las comisiones para avanzar en la creación del Sistema Penitenciario de CABA, el cual le dará contención al traspaso de las competencias. La discusión en ese ámbito comenzó la semana pasada, en el marco de la presentación de un proyecto del Ejecutivo por parte del ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, en el Salón San Martín del Palacio de la calle Perú. El funcionario defendió la propuesta en términos de autonomía y llamó a discutir y delinear un texto común “para lograr la mejor ley para los porteños” ya que “es un problema que atañe a todos”.
Desde la oposición coincidió con el ministro, pero advirtieron que no lo harán “a las apuradas”. Tenemos la oportunidad de diseñar el sistema y de hacer algo distinto del nacional y de las provincias donde el sistema es una catástrofe. Podemos hacer algo bien”, dijo la jefa de la bancada peronista, Claudia Neira. Y la abogada legisladora, Graciana Peñafort, cuestionó que el texto del Ejecutivo proponga habilitar la gestión privada de cárceles: “Me preocupa el intento de desligar la potestad del Estado. Me parece horroroso. Estamos jugando muy al límite”.
Así las cosas, el bloque legislativo del PRO, afectado por la derrota electoral y la salida de legisladores hacia otros bloques, deberá generar consenso para redactar un proyecto que logre aglutinar las propuestas que presentaron el resto de los bloques. Tanto Unión por la Patria como La Libertad Avanza, las bancadas con más peso de la Legislatura, ingresaron iniciativas propias, pero se mostraron dispuestos a debatir.
