Expertos y tributaristas coinciden en que el nuevo paquete fiscal anunciado por el Gobierno, basado en la presunta inocencia del contribuyente frente a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), genera un entorno jurídico mucho más seguro para que la gente use fondos no declarados, pero no elimina los riesgos en un 100%, como sí ocurriría en un blanqueo tradicional.
Es que, si bien ARCA contará con menos información de parte de las personas, eso no quiere decir que se quede sin mecanismos para controlar evasión, de manera tal que siguen existiendo riesgos.
Todo ello hace que el paquete tenga una capacidad acotada para lograr el cometido del ministro de Economía, Luis Caputo, de que aparezcan dólares no declarados de manera abundante.
“Dólares del colchón”: los puntos claves del proyecto de ley
Entre los puntos a destacar del proyecto de ley de “Inocencia Fiscal” está la creación del nuevo Régimen de Declaración Jurada Simplificada, que es solo para personas humanas, y en el que no puede haber grandes contribuyentes. Los monotributistas que quieran obtener el beneficio de recibir menos controles tendrían que dejar de serlo y pasarse al Régimen General como Responsables Inscriptos.
La ley no establece diferencias entre rentas de fuentes locales de las del exterior, con lo cual quedaría subsanada la situación de freelancers e inversores en el exterior.
Otro elemento es que se establece que, cuando el contribuyente hace su declaración jurada y la presenta, el criterio de discrepancia con ARCA, que va a ser su propia liquidación, será de solo 15%.
Sebastián Domínguez, CEO de SDC Asesores Tributarios, señaló a Ámbito que “una diferencia de 15% es baja”. “Si hay algunos criterios que no se comparten que el contribuyente presentó de buena fe y el fisco dice ‘esto no es deducible’, es fácil llegar a esa discrepancia, con lo cual se desbloquea las declaraciones y pueden fiscalizar a la persona”, advirtió.
Compra de inmuebles con dólares no declarados
Domínguez comentó que, cuando una persona use dólares no declarados para comprar un inmueble, por ejemplo, ARCA no puede emplear el incremento patrimonial no justificado por ese inmueble para determinar si hay una discrepancia significativa del 15%.
El experto señaló que, como ARCA deja de recibir información de los bancos y de los escribanos, “es más difícil que lo detecte y, al no permitir usar a presunción de incremento patrimonial no justificado, es más difícil que determine, pero no quiere decir que no pueda hacerlo si detecta Compras de Inmuebles o autos con fondos no justificados”.
Para un abogado hay un problema político
Diego Fraga, abogado especializado en temas tributarios, al ser consultado sobre la seguridad que ofrece el sistema a las personas que quieran usar el “dólar colchón” sostiene que “no es que no hay forma de que ARCA se entere”. “El tema es cómo sale la ley. Ya mandaron un anteproyecto que supuestamente va a blindar. Hay que ver qué es lo que sale del Congreso”, explicó el letrado. No obstante, más allá de lo estrictamente legal, consideró que el problema “es político, de confianza y de si la gente cree que este modelo o este sistema va a seguir durante varios años”. “Ante el mínimo riesgo la gente en general no va a exhibir lo que tiene”, indicó.
El problema de las facturas apócrifas
El proyecto prevé que una de las causales para perder los beneficios del régimen simplificado de Ganancias es que el contribuyente presente facturas apócrifas para así conseguir un mayor crédito a su favor y pagar menos impuestos.
Al respecto, el profesor de la UBA, Mario Volman señala que “el tema de comprobantes apócrifos tiene una larguísima historia en materia de jurisprudencia del tribunal fiscal porque quizás un contribuyente de buena fe compra cinco lapiceras y resulta que el vendedor al momento de la venta está cumpliendo con sus obligaciones impositivas, pero seis meses más tarde no y el fisco lo incluye en un listado de la base APOC”. “Muchas veces el incluirlo en una base APOC 6 meses más tarde o 2 años más tarde convierte en que las compras anteriores también sean impugnables por el fisco”, explicó.
Volman indicó, por otro lado, en relación a usar fondos no declarados, que “se puede decir que esto es un blanqueo un tanto complejo, porque los que conocemos son regímenes de amnistía basados en el artículo 75 de la Constitución y por supuesto establecidos por ley como sería este caso”.
Caranta: “Mayor seguridad jurídica no es impunidad”
En tanto, el tributarista Martín Caranta indicó que “el régimen lo que pretende es dar mayor seguridad jurídica, no impunidad”.
“Los impuestos están legislados, se supone que ARCA tiene que tener las facultades como para que, en caso que no haya cumplimiento voluntario, inducirlo a través de el ejercicio de las facultades y de las funciones de la ley”, sostuvo,
En ese sentido Caranta destacó que el proyecto que reforma la Ley Penal Tributaria vuelve a los niveles históricos de lo que se conoce como evasión agravada al equivalente a unos u$s100.000 pero plantea que “la ley no establece mecanismos de ajuste por inflación”.
Por otro lado opinó que “es un régimen seguro, que puede servir para muchas cosas” aunque insistió en que “lo que sí me parece importante e distinguir que una cosa es seguridad y otra cosa es impunidad”.
