Se trata de una norma que ha sido fuertemente cuestionada con los años. Desde el Ejecutivo la consideran “de dudosa constitucionalidad” y que “afecta el derecho de propiedad”.
Son alrededor de 70 las leyes que el Gobierno considera “inútiles, obsoletas o que restringen las libertades” y, por lo tanto, busca eliminarlas a través del proyecto de Ley Hojarasca. Entre ellas, está la Ley 25.750 que establece que ninguna empresa extranjera puede tener más de un 30% de participación accionaria en medios de comunicación nacionales.
Esta mega iniciativa por dejar sin vigencia algunas normas “obsoletas” fue presentada el viernes pasado por el ministro de Desregulación y Transformación, Federico Sturzenegger. No hay que pasar por alto que la palabra “hojarasca”, también llamada broza, esl conjunto de materiales vegetales muertos.
El proyecto “promueve la seguridad jurídica y remueve obstáculos para el desarrollo personal y conjunto del país”, según explicaron desde la cartera. Y agregaron: “Parte del principio de que todo aquello que está permitido por la Constitución Nacional no necesita leyes específicas. Se eliminan leyes que generaron gastos innecesarios para los contribuyentes a través de la creación de organismos como la Federación Argentina de Municipios, entre otros”.
Duhalde, Clarín y protección: qué es la Ley 25.750. La antigua Ley de Concursos y Quiebras establecía que cualquier empresa o persona jurídica acreedora de una compañía con deudas podía tomar como pago acciones de la misma para saldar ese dinero adeudado, lo cual se conoce como mecanismo de cram-down. Esto cambió en 2003, durante el corto mandato presidencial de Eduardo Duhalde.
Al sancionar esta otra Ley de Preservación de Bienes y Patrimonios Culturales (Ley 25.750), terminó con la posibilidad de que las empresas extranjeras sean acreedoras de medios de comunicación. Por lo tanto, busca preservar el patrimonio antropológico, histórico, artístico y cultural; las empresas dedicadas a la ciencia, tecnología e investigación avanzada que resulten fundamentales para el desarrollo del país; actividades e industrias de relevante importancia para la defensa nacional; y el espectro radioeléctrico y los medios.
