El Gobierno nacional oficializó un cambio clave en la Ley N° 26.184, que regula la fabricación, importación y comercialización de pilas y baterías primarias. Mediante el Decreto 431/2025, publicado en el Boletín Oficial, se eliminan exigencias técnicas locales que trababan la importación, permitiendo ahora que los productos cuenten con certificaciones emitidas por organismos técnicos internacionales.
Esta medida, impulsada en línea con la política general de desregulación y apertura comercial, busca agilizar procesos, bajar costos logísticos y eliminar la duplicación de requisitos. En otras palabras, si una batería cuenta con un sello de calidad de un organismo extranjero reconocido, ya no será necesario repetir los ensayos en Argentina, lo que hasta ahora implicaba mayores gastos y tiempos de espera para los importadores.
Cambios clave en la ley: doble autoridad de aplicación y fin del monopolio del INTI
El nuevo decreto modifica los artículos 4°, 6° y 7° de la ley, y deroga el artículo 8°, que establecía al Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) como el único organismo habilitado para emitir certificados técnicos.
A partir de ahora, la autoridad de aplicación será compartida entre la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes (en lo ambiental) y la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía (en lo técnico-comercial).
Este esquema abre la puerta a una validación más amplia y rápida, aunque deja aún sin definir el listado de organismos internacionales que serán considerados válidos para emitir certificaciones. Mientras tanto, seguirá en vigencia el régimen anterior hasta que se reglamente el nuevo procedimiento.
Alineación con la Ley Bases y la agenda desregulatoria
La reforma se enmarca en el espíritu de la Ley Bases N° 27.742, recientemente aprobada, y en sintonía con el Decreto 70/2023, que eliminó las facultades del Estado para imponer restricciones al comercio exterior. Es parte del proceso de desburocratización del aparato estatal y del desmonte de organismos técnicos que el oficialismo considera innecesarios o excesivamente intervencionistas.
Según el texto del decreto, “la duplicación de certificaciones encarece el proceso de importación en perjuicio tanto de las empresas como de los consumidores”.
En el mismo sentido, desde el Ejecutivo sostienen que esta flexibilización permitirá que el país no quede aislado tecnológicamente y que se acelere la entrada de productos de última generación al mercado.
Menos controles, más riesgos: ¿cómo garantizar la seguridad y el cuidado ambiental?
El nuevo esquema, sin embargo, genera interrogantes entre especialistas del sector técnico y ambiental. Si bien se reconoce la necesidad de eliminar burocracia innecesaria, existen dudas sobre la capacidad real del Estado para controlar los productos importados, especialmente en un segmento delicado como el de las pilas y baterías, que pueden contener materiales tóxicos y suponen riesgos tanto para la salud como para el medio ambiente.
En este sentido, la clave será definir con precisión qué organismos internacionales serán considerados válidos para emitir certificaciones, y qué mecanismos tendrá el Estado para realizar controles post-ingreso o detectar productos no conformes.
También preocupa la posibilidad de que ingresen productos de baja calidad o con certificados dudosos, en un contexto donde el Gobierno ha reducido al mínimo las funciones de control y evaluación técnica de entes como el INTI o el SENASA.
Impacto en los consumidores y en la industria local
Para los consumidores, la medida podría traducirse en precios más bajos y mayor disponibilidad de productos, especialmente en segmentos de alta rotación como las pilas AA, AAA o baterías recargables. Pero también existe el riesgo de menor durabilidad, fallas técnicas o productos que no cumplan con estándares adecuados si no hay una buena fiscalización estatal.
En cuanto a la industria local, la medida podría implicar una mayor competencia por parte de productos importados, más baratos y con procesos de certificación más ágiles. Esto podría debilitar a los fabricantes nacionales, a menos que se apliquen políticas complementarias de desarrollo industrial y mejora tecnológica.
La modificación a la Ley 26.184 refleja el rumbo desregulador del Gobierno, con el foco puesto en reducir costos, agilizar importaciones y achicar el Estado. Sin embargo, este tipo de medidas exigen una fiscalización eficiente y transparente, para evitar que la apertura comercial derive en una pérdida de calidad, seguridad o control ambiental.
Como suele suceder con los cambios regulatorios rápidos, el éxito dependerá de la implementación concreta y de la capacidad del Estado para garantizar que los beneficios en términos de competitividad no se traduzcan en riesgos para la salud, el ambiente o la industria nacional.
