El Gobierno autorizó la privatización total de Intercargo., la empresa estatal que presta servicios de asistencia en tierra a aeronaves en 21 aeropuertos del país. Esta decisión se formalizó mediante el Decreto 198/2025, publicado en el Boletín Oficial de este martes.
La privatización se llevará a cabo mediante la venta del 100% de las acciones de la empresa a través de una licitación pública de alcance nacional e internacional. El Ministerio de Economía, con la asistencia de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Agencia de Transformación de Empresas Públicas”, será el encargado de ejecutar este proceso.
Intercargo fue constituida en 1961 con el objetivo de dedicarse al transporte de pasajeros y carga en todas sus formas y modalidades, tanto dentro como fuera del territorio argentino. En 1990, el Estado Nacional le otorgó la concesión exclusiva del Servicio Único de Atención en tierra a aeronaves (RAMPA) en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza “Ministro Pistarini” y en el Aeroparque Metropolitano “Jorge Newbery”.
Esta medida se enmarca en la política de desregulación del sector aerocomercial impulsada por el Gobierno, que busca fomentar la competencia, reducir costos operativos y eliminar el déficit financiero estatal. Entre 2020 y 2023, Intercargo recibió asistencia estatal por aproximadamente 6.700 millones de pesos para mantener sus operaciones.
Al respecto, el texto oficial recuerda que “con el objetivo de mantener el equilibrio de las cuentas públicas, en sintonía con lo dispuesto en el artículo 2° de la Ley de Bases, el Estado ha dejado de brindar asistencia financiera a Intercargo desde el inicio del año 2024”.
En ese sentido, el Boletín Oficial argumenta que “el contexto de desregulación, apertura del mercado y modernización impone la necesidad de realizar importantes inversiones que Intercargo, en una situación de emergencia económica como la declarada por el artículo 1º de la referida Ley N° 27.742, no se encuentra en condiciones de llevar adelante con recursos propios y sin la asistencia financiera del Estado Nacional”.
El decreto firmado por el presidente, Javier Milei, y el ministro de Economía, Luis Caputo, también instruye la rescisión por mutuo acuerdo del contrato de concesión vigente entre el Estado Nacional e Intercargo antes de la transferencia de acciones, con el fin de garantizar que la privatización no afecte la continuidad de la prestación del servicio aeroportuario o de rampa, asegurando la conectividad nacional e internacional.
Ya con algunas consideraciones propias de la gestión libertaria, el texto refuerza: “Resulta indispensable fortalecer las condiciones del proceso de libre mercado para contribuir a que los operadores privados, libres de interferencias estatales innecesarias y en un marco de genuina competencia, lleven adelante las inversiones que se requieren para mejorar los servicios de transporte y depósito de bienes y mercadería en los espacios aeroportuarios del país”.
Esta decisión se suma a otras iniciativas del Gobierno orientadas a la privatización de empresas estatales, como el reciente inicio del proceso de privatización de la empresa Corredores Viales S.A
