La OEI (Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura), un organismo de cooperación internacional con sede central en España y una veintena de oficinas en Latinoamérica, quedó bajo la lupa de la Justicia argentina a partir de convenios firmados con el Ministerio de Capital Humano para la contratación de personal de la Secretaría de Niñez y Familia, por fuera de la administración pública.
Por estos contratos sospechados de irregularidades, el ahora ex titular de esa Secretaría, Pablo de la Torre, fue echado y denunciado por la ministra Sandra Pettovello.
La Justicia investiga si, detrás de esas contrataciones formalizadas por la OEI, podría haber empleados ñoquis que no cumplían funciones en la Secretaría de Niñez y Familia, cuyos contratos permitirían a los responsables del área cobrar los honorarios que pagaba la OEI, con fondos del Tesoro nacional, en el marco del convenio firmado con el gobierno argentino. El dinero de esas contrataciones se habría destinado, en parte, al pago de sobresueldos a otros funcionarios con remuneraciones bajas para su responsabilidad; a empleados que aún no habían sido formalmente designados; o directamente, para hacer “caja” política.
La modalidad de contratos tercerizados a través de la OEI no es nueva, sino que viene de gestiones anteriores. Desde el organismo informaron que “coopera para Argentina desde su constitución”, en octubre de 1949, cuando se realizó el Primer Congreso Interiberoamericano de Educación, en Madrid. En 1988, la organización pasó a tener sede oficial en nuestro país, y se constituyó como Oficina Regional del Cono Sur. A partir de 2001, se inició la apertura de otras sedes y, hoy, suman 19 en la región.
Estos convenios de nuestro país con la OEI existen no solo en el Ministerio de Capital Humano, donde colaboradores directos de Pettovello percibieron sus primeros sueldos con esa modalidad hasta que fueron designados oficialmente y pasaron a cobrar del Estado, sino también en la Secretaría de Educación principalmente, en la de Trabajo, y en la Jefatura de Gabinete. En años anteriores se firmaron acuerdos con la OEI desde el Ministerio de Trabajo, Agricultura, Salud y la ANSES, como herramienta para contratar personal, sorteando la restricción de aumentar la planta de empleados públicos fijada en distintas oportunidades por diversos gobiernos.
No solo Argentina tuvo la primera sede local de la OEI pionera en Latinoamérica, sino que el actual secretario general adjunto de la OEI es Andrés Delich, ex ministro de Educación de Fernando de la Rúa y ex director general de la oficina en Argentina entre 2015 y 2018. Secunda al presidente del organismo, el pedagogo español Mariano Jabonero, un experto en política de cooperación educativa, reelecto hace un año y medio al frente de la organización, que integran 23 países miembros.
En la base de datos de convenios firmados con Argentina publicados en la web de la OEI, hay 327 licitaciones y convocatorias desde 2010, el año más antiguo de la base de datos. En algunos pocos casos, se incluye el llamado a la contratación, los pliegos, el dictamen de preadjudicación y la adjudicación final, con los montos consignados. Pero en la gran mayoría, este nivel de detalle está ausente, por lo que no hay suficiente información para verificar los procesos.
De esos 327 procesos que figuran online, 227 tuvieron lugar durante el gobierno de Alberto Fernández, cuando esta modalidad de tercerizar con la OEI se extendió fuertemente por la prohibición de ampliar la planta del Estado. Otros 56 se concretaron bajo la gestión de Cristina Kirchner; 12 bajo la de Mauricio Macri; y 32 corresponden a la actual gestión de Javier Milei.
Un total de 108 procesos son adquisiciones de distintos productos: desde alimentos, medicamentos, equipamiento informático, médico, deportivo y kits escolares, hasta artículos de cocina para programas de inclusión social y consolas de videojuegos.
Esto se debe a que los convenios con la OEI son un vehículo para concretar compras por fuera de la burocracia estatal, pagadas por el gobierno argentino, con mayor celeridad pero también, a la vez, con mayor opacidad ya que el Estado no participa del acuerdo entre el organismo y el proveedor. El ministerio en cuestión sólo interviene en la firma del convenio para solicitar la prestación de un servicio determinado, la contratación de personal sin establecer una relación laboral, o la determinación de los productos a adquirir.
Desde la sede del organismo en Argentina señalaron, sin embargo, que la OEI “tiene procedimientos reglados y aprobados por su Secretaría General en Madrid, acordes a los pilares de la Unión Europea”. Específicamente para el Estado argentino, afirmaron que “los convenios se regulan, para la contratación de prestadores, mediante el Decreto Nº 1109/17 y sus modificaciones”. El régimen de contrataciones “aplica para la prestación de servicios profesionales autónomos que sean necesarios para el desarrollo de tareas, estudios, proyectos o programas especiales, de acuerdo a lo establecido en cada acta complementaria, y bajo la responsabilidad del Ministerio/Secretaría que debe observar, convocar, evaluar y seleccionar los prestadores, desarrollar los términos de referencia que dieron origen a su contratación y el cumplimiento de sus tareas, de acuerdo a lo señalado en el citado decreto”. Y destacaron que la OEI “administra fondos públicos por cuenta y orden de su mandante”.
Aclararon que el organismo cuenta con un reglamento específico de adquisiciones para la oficina de Argentina, que describe los procesos para gestionar las adquisiciones y la suscripción de contratos. Su objetivo es “asegurar el cumplimiento de todos los principios de contratación establecidos por la Secretaría General”, y que estén “en consonancia con los principios generales dictados por las normas administrativas y los regímenes de compras públicas, tanto a nivel local como internacional”.
“El proceso de compra o adquisición se inicia al recibir el requerimiento formal del Ente Requirente, el cual debe detallar la necesidad que motiva la adquisición de bienes y/o servicios. Además, se deben proporcionar las especificaciones técnicas o términos de referencia necesarios para la contratación”, señalaron. En base a esa información, “se formalizan mediante la elaboración de un pliego de bases y condiciones o una solicitud de cotización, dependiendo del valor de la adquisición”.
En el historial de convenios de la OEI con Argentina desde 2010, hay 208 contratos de servicios, incluyendo consultores y expertos en distintos temas: desde la búsqueda de personal especializado en ciberseguridad hasta asistencia técnica para un programas de promoción de la lectura, o de indagación de expresiones culturales de grupos migrantes, pasando por la realización Integral de eventos recreativos de difusión, el desarrollo de un programa de radio semanal, y la coordinación del portal Panorama, un sitio de la OEI dedicado a temas de educación.
En el organismo afirmaron que “estos procesos están sujetos a los controles de las auditorías, de la propia representación diplomática, una segunda auditoría de la Secretaría General con sede en España y, por último, una auditoría externa a cargo de Binder Dijker Otte (BDO Bruselas). A su vez, todos los proyectos gestionados y ejecutados por la OEI, son oportunamente rendidos a cada una las dependencias del estado del país correspondiente, entregándolas con su soporte documental”.
Ante la consulta de Infobae, en la oficina local deslindaron responsabilidades al precisar que “cada solicitud de contratación viene mediante nota GDE (sistema de gestión interno de la Administración Pública Nacional) suscripta por la autoridad competente, detallando los datos personales de los consultores, el período de vigencia del contrato, los términos de referencia de cada uno, las funciones, tareas o productos que debe desarrollar para el área en donde cumplirá su labor, como también el monto que percibirá en concepto de honorarios profesionales por los servicios que presta”.
Agregaron que, con relación al pago de los proveedores y prestadores, “se realizan mediante transferencia bancaria, para lo cual se debe completar una Declaración Jurada y el titular de la cuenta declarada debe ser la persona contratada sin excepción”. Y destacaron que la OEI “no realiza ningún pago sin haber recibido previamente, la certificación mensual donde determine que el prestador ha cumplido con sus tareas o productos, firmada por sistema GDE por el funcionario responsable y competente designado en cada acta suscripta” con la organización.
Vencido el plazo del contrato o la ejecución de los fondos asignados, agregaron que la OEI realiza una ”rendición de cuentas, detallando cada uno de los proyectos ejecutados con las correspondientes solicitudes de autorización de gasto, comprobantes bancarios de las transferencias realizadas a las cuentas declaradas por cada uno de los prestadores contratados y toda la documentación complementaria de la misma”.
Otras 11 contrataciones se refieren a obras de construcción, incluyendo la refacción de las propias oficinas de la OEI en la calle Paraguay al 1500, la adecuación de la Sala Inmersiva del Centro Cultural del Bicentenario Presidente Dr. Néstor Kirchner, hasta el plan de Desagües Pluviales y Obras Fluviales en Humahuaca, en Jujuy.
El convenio más antiguo que aparece en la base de datos online es por la adquisición de equipamiento informático para el Programa Conectar Igualdad, creado por decreto ese año por Cristina Kirchner. Por un monto que rondó los 260 millones de dólares, incluyó la compra de 625 mil computadores portátiles, 5.800 computadoras de escritorio, 2.100.000 módems, entre otros dispositivos informáticos.
