Los aumentos que aplicó el Gobierno de Javier Milei sobre los servicios de electricidad y gas en sus primeros cuatro meses de mandato sólo son comparables con los que a Mauricio Macri le llevó más de tres años llevar a cabo.
“Tarifazo”, fue una de las consignas más repetidas por la oposición peronista entre 2016 y 2019 antes de ser oficialismo. Sin embargo, “el ajuste más grande de la historia de la humanidad” que agita el Presidente cada vez que puede se encontró con el mismo límite que en aquella oportunidad: la tolerancia de una clase media con ingresos por el piso y un empeoramiento del contexto social. Ambos puntos obligaron al Gobierno a revisar la velocidad de su hoja de ruta, cuando aún queda por resolver la parte más dura de la herencia, mientras intenta convencer que el superávit fiscal es innegociable y que la inflación seguirá en baja.
El ministro de Economía, Luis Caputo, es el encargado de administrar ese delicado balance. Es que Caputo definió este martes postergar sin fecha confirmada los nuevos aumentos de luz y de gas previstos a partir de mayo. Lo mismo sucedió con la actualización del impuesto a los combustibles, que iba a sumar al menos 8 puntos porcentuales al incremento del 4% promedio que aplicaron este miércoles las petroleras. El salto del tributo se pasó para junio, pero lo más probable es que vuelva a “patearse”.
“Estamos cómodos con el superávit fiscal, priorizamos bajar la inflación y no cargar más con gastos de momento a la clase media”, fue la justificación que dio Caputo a un nuevo gesto de gradualismo en su gestión.
En nombre de ese segmento poblacional tan difícil de definir, pero con una importancia electoral significativa, es que se abrieron las importaciones de productos de la canasta básica, se obligó a las prepagas a retrotraer incrementos, se anunció un bono de asistencia para pagar cuotas de colegios privados y se postergaron subas en el boleto de colectivos a costa de conceder más subsidios.
Un informe de Fundación Capital detalló que los aumentos promedios de residenciales en luz (146%), gas (427%), agua (209%) y colectivos (410%) se dieron en un período en el que la inflación fue del 112% y los salarios crecieron solo 96%. Eso implicó que se duplica el peso de los servicios públicos en los ingresos de las familias a niveles que no se veían desde 2019 tras el ajuste del macrismo.
“El peso del gasto en servicios públicos en el AMBA (promedio ponderado) sobre el ingreso promedio de los asalariados registrados (RIPTE) se ha más que duplicado en los últimos cinco meses, pasando de un 4,6% en diciembre a un 10,8% en la actualidad. Vale mencionar, que si bien el peso de estos servicios se incrementó de forma generalizada, en los hogares de menor poder adquisitivo el impacto fue superior”, comentaron.
La aspiración del secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, era resolver este frente con la implementación de un nuevo esquema de asignación de subvenciones a partir de una CBE (Canasta Básica Energética). Primero se iba a aplicar en abril, pasó a mayo, luego a junio y por ahora no es seguro que se aplique. No es el primer revés en los planes de Chirillo.
Según pudo reconstruir este medio de fuentes oficiales y del sector energético, la demora tiene que ver con la dificultad del entrecruzamiento de datos que necesitan para determinar qué hogares continuarán con la asistencia en sus boletas. En encontrar la sintonía adecuada trabajan el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y Caputo.
Desde el equipo económico del Gobierno dijeron que esperan que la inflación de abril se encuentre en la zona del 9%, es decir, de confirmarse, por debajo de los dos dígitos por primera vez en cinco meses. Un mes en el que pesaron las fuertes subas del gas, del agua y del transporte. Si bien no hay un esquema de metas, más optimista es la proyección oficial para mayo, en torno al 5,8% mensual. Eso habilitaría una nueva baja de la tasa de interés del Banco Central, la cuarta consecutiva desde la asunción de Milei.
La desaceleración sostenida en el ritmo de evolución del índice de precios minoristas del INDEC es un activo que el Gobierno quiere mantener. Esta “prioridad” implica poner en pausa la hoja de ruta del ajuste fiscal tal como estaba prevista.
“Las decisiones no ponen en riesgo el equilibrio fiscal”, repiten en el Ministerio de Economía. El superávit del primer trimestre fue de $276 mil millones. Ese margen es cuestionado no sólo porque casi la mitad del ajuste recayó en jubilaciones y prestaciones sociales.
El Tesoro tiene pagos pendientes por $2 billones ($680 mil del 2023 y $1,3 billones del primer trimestre). La deuda de Cammesa con los generadores no está contabilizada en dicho pasivo: es de $500 millones solo por diciembre y enero, Economía espera pagar con bonos, y prometen comenzar “pronto” a ponerse al día con la cuenta de febrero.
Es en ese marco que el Gobierno decidió pisar el freno del fuerte ajuste de estos últimos cuatro meses. Las razones que dan son el mayor margen fiscal, la necesidad de bajar la inflación y evitar golpear más a la clase media. Este último punto es, entiende Milei, el segmento clave apuntado para tener el apoyo a su programa político.
