Finaliza la huelga de 72 horas convocada por las universidades públicas en demanda de un incremento salarial para el personal docente y no docente, junto con la asignación de fondos para gastos operativos. Estos puntos, sumados a un presupuesto destinado a becas especiales, estaban contemplados en la Ley de Financiamiento Universitario, la cual fue aprobada por ambas Cámaras del Congreso en dos ocasiones: una para su sanción y la segunda para revertir el veto presidencial de Javier Milei. No obstante, su implementación aún está pendiente.
Un informe reciente de la Asociación Docente de la Universidad Nacional de Avellaneda (ADUNA) reveló que la inflación alcanzó el 240,9% entre diciembre de 2023 y octubre de 2025, mientras que los aumentos salariales para el personal docente —dispuestos unilateralmente por el Poder Ejecutivo este año, sin alcanzar consenso en las negociaciones paritarias— totalizaron el 136,8%. El estudio concluye que, para que los sueldos recuperen los niveles adquisitivos previos al cambio de gestión, se requiere un incremento del 43,96%.
En las últimas semanas, y en el marco de las negociaciones por el Presupuesto 2026, el Gobierno adoptó una estrategia discursiva para contrarrestar la posición opositora, que buscaba incluir mayores asignaciones para sectores que habían recibido partidas de emergencia por ley —aunque posteriormente estas fueron vetadas—. En consecuencia, se anunciaron incrementos consecutivos para el sector de discapacidad y emergencia pediátrica. Sin embargo, las universidades fueron excluidas de estas medidas y la Ley de Financiamiento Universitario sigue sin ejecutarse, a pesar de que el veto fue revocado por ambas cámaras del Congreso.
Adicionalmente, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, ratificó la postura del Gobierno nacional respecto a los incrementos salariales unilaterales: “No está contemplado un aumento de salarios en la magnitud que lo solicitan las entidades sindicales”.
Las universidades en el Presupuesto 2026
El proyecto presupuestario oficialista estipula en su artículo 30 la derogación de leyes que establecen mínimos para las partidas presupuestarias destinadas a la educación y la ciencia. Entre sus reformas, elimina un párrafo de la Ley de Educación Nacional que fija un 6% como piso de inversión para todos los niveles del sistema educativo, al tiempo que remueve de la Ley Nº27.614 el criterio de progresividad que debe regir el área de ciencia y tecnología (que, entre otras cuestiones, emplea a investigadores universitarios) hasta alcanzar el 1% del PBI en el año 2032.
Durante la defensa del Presupuesto 2026, Alejandro Álvarez afirmó que “la principal falacia es que recortamos los fondos a las universidades” y que “todas las universidades recibieron el financiamiento al 100% de todas las actividades que venían desarrollando”. Además, celebró que “no cerró ninguna universidad”. Dentro del Presupuesto 2026, se estipulan partidas por $1.000 millones para cuatro universidades nacionales creadas por ley en 2023: Delta, Pilar, Río Tercero y Madres de Plaza de Mayo. Este monto —idéntico para cada institución— resulta simbólico dada la imposibilidad de asegurar la sostenibilidad institucional con dicha suma.
Los datos presentados por el subsecretario fueron refutados por los diputados intervinientes, quienes subrayaron que la vocación docente es el factor que posibilita el funcionamiento de las universidades. “Para el año 2026, el incremento previsto en la negociación paritaria docente y no docente promediará el 9,5% en el mejor de los escenarios, con una inflación proyectada del 10%”, expresó, por ejemplo, Danya Tavela.
