El gobernador bonaerense Axel Kicillof denunció penalmente a Silvio Robles, mano derecha del juez Horacio Rosatti, y al ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro -actualmente en uso de licencia-, por los delitos de tráfico de influencias e incumplimiento de los deberes de funcionario público, a raíz del contenido de las conversaciones privadas entre ambos que fueron difundidas durante el último mes. Kicillof hizo la denuncia en los tribunales federales de La Plata y no en Comodoro Py, donde una de las denuncias contra Robles fue archivada la semana pasada.
El caso le tocó al juez federal Alejo Ramos Padilla, un juez cuestionado por la oposición que es titular del juzgado federal 1 de La Plata y que hoy está a cargo además de otros tres juzgados de esa jurisdicción por la feria judicial.
Ramos Padilla fue nombrado titular del juzgado federal 1 de La Plata en agosto de 2021. Fue promovido para ese cargo dentro del Consejo de la Magistratura por el kirchnerismo y objetado por la oposición. Recibió fuertes cuestionamientos de Juntos por el Cambio mientras fue titular del juzgado federal de Dolores, donde instruyó la causa por presunto espionaje ilegal conocida como “Caso D’Alessio”. Ahora ocupa un rol estratégico, porque además de tener jurisdicción sobre los delitos penales, ese juzgado de La Plata también tiene a su cargo la organización de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, el distrito electoral más importante del país.
Ramos Padila ya libró oficios a otras jurisdicciones, como los tribunales de Santiago del Estero y La Rioja (donde sus respectivos gobernadores hicieron denuncias por estos mismos hechos), y a Comodoro Py, para certificar qué causas hay abiertas por los mismos delitos y evaluar posibles conexidades. Una vez que haya tenido certificada esa información, el juez podrá correrle vista a la fiscal Laura Roteta, quien podrá impulsar o no la acción penal en el caso.
Según la presentación judicial elaborada por la administración bonaerense, el motivo central de la denuncia es la supuesta relación entre el fallo emitido por la Corte Suprema a favor de la Ciudad de Buenos Aires en la demanda por la quita de recursos coparticipables con el vínculo entre D’Alessandro y Robles. La denuncia sostiene que ese fallo perjudicó a la administración bonaerense y cuestiona que esa decisión del máximo tribunal estuvo dada por el tráfico de influencias entre funcionarios porteños y de la Corte.
Kicillof pidió el secuestro de los teléfonos celulares de ambos funcionarios y que además sea allanado el Ministerio de Justicia y Seguridad porteño, una medida que ya fue solicitada por funcionarios del kirchnerismo en el marco de otras causas judiciales y que por ahora no prosperó.
Pero también se refiere la denuncia al fallo por la conformación del Consejo de la Magistratura dictado el año pasado por la Corte. “No es una mera amistad lo que une a ambos funcionarios, sino que existiría una espuria connivencia en la cual se coordinan fallos judiciales del Alto Tribunal que explícitamente benefician, en general, a la alianza política Cambiemos y en particular al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”.
