El diputado nacional Daniel Arroyo calificó como un «error absurdo» la decisión del presidente Javier Milei de vetar la ley de emergencia en discapacidad, que había sido aprobada con amplia mayoría en ambas cámaras del Congreso. El legislador, autor del proyecto, advirtió que la medida no tiene justificación fiscal ni técnica, y que agrava una crisis que golpea con dureza a miles de familias, instituciones y profesionales en todo el país.
Daniel Arroyo remarcó que el sistema de atención a personas con discapacidad está al borde del colapso y que la norma vetada no implicaba nuevos gastos, sino el cumplimiento de obligaciones que el Estado ya tenía pendientes. “No hay ningún fundamento racional para impedir que personas con discapacidad tengan garantizado el acceso al transporte, a la salud y a sus tratamientos”, sostuvo.
“Una deuda, no un gasto nuevo”
Según explicó el diputado, la ley buscaba actualizar el nomenclador que regula los pagos a transportistas, acompañantes terapéuticos y centros de atención, congelado desde febrero de 2023. Hoy, los valores reconocidos por el Estado están completamente desfasados. “Se reconoce el litro de nafta a $541 cuando en realidad cuesta el triple. Así, no hay forma de sostener los traslados, y los chicos quedan sin rehabilitación ni tratamiento”, advirtió Arroyo.
El legislador precisó que el impacto fiscal era mínimo: apenas el 0,003% del PBI. “Estamos hablando de una deuda acumulada, no de una nueva erogación. Los acompañantes terapéuticos cobran a 180 días, a $3.000 la hora, y los hogares están todos a punto de cerrar. Muchos ya dejaron de pagar impuestos o están esperando definiciones para saber si seguirán funcionando”.
Apoyo transversal y veto presidencial
Arroyo destacó que la norma había sido aprobada con dos tercios de los votos en Diputados y Senadores, tras pasar por más de una decena de reuniones técnicas y contar con el respaldo de todos los bloques. “No importa de qué partido seas: cuando ves la realidad de las personas con discapacidad, no se puede mirar para otro lado”, afirmó.
“El Gobierno vetó una ley que fue trabajada con todas las instituciones, aprobada por unanimidad en comisiones y con consenso político total. La decisión es inexplicable”, criticó.
Gestión estatal deficiente
El diputado, que preside la Comisión de Discapacidad, también cuestionó el accionar del Ejecutivo. Denunció maltrato institucional y desidia por parte de la Agencia Nacional de Discapacidad. “Se envían 400.000 cartas documento sin cruzar datos básicos, piden estudios a personas con ceguera de nacimiento o discapacidades motrices permanentes. Eso no es control, es abuso”.
Según Arroyo, ni siquiera se usan las bases de datos del Registro Civil para localizar correctamente a los beneficiarios. “El 40% de los telegramas no llegan porque no actualizan domicilios. Hoy es muy fácil encontrar personas con una base digital, pero el Estado ni eso hace”.
Insistencia legislativa y urgencia humanitaria
El legislador anticipó que insistirán con la ley: “Ya tenemos garantizados los votos. Solo falta que se habilite el temario. Vamos a volver a tratarla apenas sea posible, porque la emergencia no puede seguir esperando”.
En paralelo, advirtió que las instituciones educativas especiales, hogares y centros de día están al borde del cierre, con deudas fiscales acumuladas y sin poder afrontar sus gastos básicos. “El nomenclador solo se actualizó 0,5% en todo el año, frente a una inflación de más del 120%. El desfasaje es insostenible”.
“Nunca vi tanta gente desesperada”
Arroyo cerró la entrevista con una reflexión personal, basada en su experiencia como exministro de Desarrollo Social: “Me tocó atravesar situaciones durísimas, como inundaciones o la pandemia. Pero nunca vi tanta gente desesperada. Personas que me paran en la calle llorando por no poder sostener un tratamiento, un traslado, una institución”.
“Discapacidad debería estar fuera de la grieta. No hay lógica para sostener este veto. Insistir con la ley no es una bandera política: es una cuestión de humanidad y racionalidad económica”.
