La presentación del Presupuesto 2026 volvió a poner en el centro del debate la relación entre el Poder Judicial y el Gobierno nacional. Un grupo de jueces federales manifestó su preocupación por la posible reducción de recursos prevista en el proyecto de ley, actualmente en análisis en el Congreso, aunque desde la administración de Javier Milei remarcan que el ajuste responde a un objetivo macroeconómico claro: ordenar las cuentas del Estado sin comprometer la operatividad de la Justicia.
Los integrantes de la Junta de Presidentes de las Cámaras Federales con competencia penal expresaron inquietud por el esquema de gastos previsto por el Consejo de la Magistratura, que contempla una reducción general del 8% y una disminución del 74% en el rubro Bienes de Uso, es decir, fondos destinados a infraestructura, mantenimiento y equipamiento tecnológico.
En un comunicado, los magistrados señalaron que “la suficiencia presupuestaria y la autarquía financiera judicial son condiciones indispensables para preservar la efectiva independencia del Poder Judicial”. También advirtieron que un recorte sostenido “podría afectar la modernización del sistema judicial y restringir el acceso a la justicia para los ciudadanos”.
Según los jueces, la reducción en las partidas destinadas a obras y equipamiento pondría en riesgo la implementación del nuevo sistema procesal penal federal, que requiere inversiones en infraestructura y tecnología para funcionar plenamente.
El Gobierno busca sostener la eficiencia sin afectar la independencia judicial
En la Casa Rosada aseguran que los ajustes en el presupuesto judicial no representan una intromisión, sino una medida de racionalización de recursos. “El equilibrio fiscal es la base para reconstruir la economía, y todos los poderes del Estado deben contribuir con ese esfuerzo”, explicaron fuentes del Ministerio de Economía, que conduce Luis Caputo.
El Gobierno subraya que el gasto público judicial creció por encima del promedio de la administración nacional durante la última década. Y que, pese a los recortes, la autonomía funcional del Poder Judicial está plenamente garantizada. La meta, insisten, es “hacer más eficiente el uso de los recursos”. Y sin poner en riesgo el funcionamiento de los tribunales ni el derecho de acceso a la justicia”.
El proyecto de Presupuesto 2026 se debatirá en el Congreso a partir de las sesiones extraordinarias convocadas entre el 10 y el 31 de diciembre. Incluye además los ejes centrales del plan de reformas estructurales impulsado por el presidente Milei. Reforma tributaria, laboral y penal, junto con el paquete de leyes que acompañan el programa de crecimiento y desregulación.
Reformas, austeridad y debate parlamentario
El oficialismo se prepara para un diciembre intenso en el Congreso. Con el incremento de bancas propias y aliadas a partir del 10 de diciembre, el bloque de La Libertad Avanza contará con más de 100 diputados y 18 senadores. La nueva composición legislativa permitirá avanzar con el tratamiento del Presupuesto y del resto de los proyectos que conforman la hoja de ruta del Ejecutivo.
En la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el Gobierno ya consiguió dictamen de mayoría. Lo que allana el camino para su aprobación antes de fin de año. Fuentes parlamentarias anticiparon que, dada la magnitud de los temas, las sesiones podrían extenderse hasta enero y febrero. Lo que implicaría una continuidad inédita en el trabajo legislativo durante el receso de verano.
Pese a las advertencias judiciales, en el Ejecutivo sostienen que el esfuerzo fiscal es ineludible. Y que la eficiencia institucional requiere también una mejor administración de los recursos públicos. “El objetivo no es debilitar a la Justicia, sino fortalecer al Estado bajo una estructura sostenible y moderna”, remarcaron desde la Secretaría de Hacienda.
