El Gobierno disolvió este martes otro tres fideicomisos públicos, ya que adujo que no cumplían los objetivos de creación ni tampoco estaban operativos.
Se trata del Fondo Nacional de Emergencias, Fondo Fiduciario Progresar y el Fobosque (Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos), y lo hizo mediante el decreto 888, publicado en el Boletín Oficial. De esta manera, se suma al cierre de otros ocho fideicomisos en la administración de Javier Milei. El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger celebró la medida al remarcar que “los fondos fiduciarios que se cierran hoy no se habían puesto en marcha o habían mostrado graves irregularidades en su funcionamiento”.
Sturzenegger, además, garantizó que los objetivos que motivaron la creación de estos fondos se seguirán impulsando en la medida que el Congreso así lo determine en el presupuesto nacional, que es la única fuente de validación de gastos en una sana administración pública.
“El decreto 888 nos acerca a una gestión más racional y transparente de los recursos de los contribuyentes, paso fundamental para una macro más ordenada y una sociedad con menos corrupción”, planteó el funcionario.
Según se informó de manera oficial, la SIGEN detectó que el fideicomiso creado para financiar las becas Progresar “nunca se encontró operativo” y que las becas se van a financiar desde el Ministerio de Capital Humano como hasta ahora.
En el caso del Fobosque, que tenía presupuestados ingresos por $8.500 millones en 2023, “surge un déficit de capacidad institucional y logística de las jurisdicciones para informar y evidenciar la efectiva aplicación de los fondos”. Desde el Gobierno aseguran que la política pública seguirá desde la Secretaría de Ambiente.
Con el cierre del Fondo Fiduciario Progresar, de Emergencia y para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos, el Gobierno eliminó ocho fideicomisos públicos desde diciembre de 2023.
A mediados de febrero, el vocero presidencial, Manuel Adorni, adelantó que el Gobierno iba a eliminar los fondos fiduciarios por carecer “de transparencia y son parte de lo que denominamos cajas de la política”.
En marzo, el ministro de Economía, Luis Caputo tomó el control sobre los fondos fiduciarios. Con el decreto 215, el Palacio de Hacienda fue designado como representante del Estado sobre esos llamados fideicomisos públicos.
Luego, el 3 de abril, Economía eliminó el Fondo Estabilizador del Trigo Argentino, que había sido creado con el fin de estabilizar el precio de la tonelada de trigo comprada por los molinos argentinos y de esa manera regular el precio de venta del pan en el mercado interno. Según cálculos oficiales, movía otros $3.200 millones.
Más adelante, el 20 de mayo, quitó el FONDAGRO (Fondo Fiduciario Nacional de Agroindustria), que entró en vigencia en 2017, durante la presidencia de Mauricio Macri. Esta herramienta buscaba gestionar créditos y aportes para incentivar la actividad del sector y por año representaba unos $2.800 millones.
Además, en junio, se disolvió el fondo de Fomento a la Generación Distribuida de Energía Renovable, régimen que concedía bonificaciones que alentaran a empresas y particulares a comprar máquinas generadoras de energía eléctrica de origen renovable. “No consiguió un aumento estimable en la generación de energía eléctrica con fuente renovables desde los hogares urbanos, tal como fuera su finalidad original”, indicaron desde Economía.
En agosto, eliminó el FRAO (Fondo Fiduciario para la Recuperación de la Actividad Ovina) y el FFCUS (Fondo Fiduciario para la Cobertura Universal de Salud). En 2023, el fondo fiduciario CUS había mostrado un superávit de $49,2 millones, que resultan de $60,2 millones de ingresos y $11 millones de gastos, según datos de la Oficina Nacional de Presupuesto.
