Las negociaciones continuaron durante los últimos días y derivaron en nuevas modificaciones incorporadas por la Secretaría Legal y Técnica, luego de una reunión con representantes de los espacios que acompañan al Gobierno. El proyecto, impulsado por el asesor presidencial Santiago Caputo, encabeza el temario de la sesión convocada para las 12.
La propuesta original estaba orientada principalmente a sancionar a las empresas que exploten recursos naturales en las islas Malvinas sin autorización argentina. Sin embargo, durante su elaboración amplió su alcance e incorporó disposiciones vinculadas con la defensa territorial, las infraestructuras críticas y la protección de los procesos electorales e institucionales.
El principal foco de conflicto está en el título VII, que introduce modificaciones a la ley de partidos políticos y al Código Penal para establecer sanciones contra las campañas de injerencia extranjera y los actos de violencia dirigidos contra el Estado. Los bloques aliados consideran que algunas definiciones todavía son demasiado amplias y podrían generar restricciones sobre derechos protegidos por la Constitución.
A esto se suma una dificultad parlamentaria: como ese apartado incluye modificaciones electorales, necesita una mayoría absoluta de 129 votos afirmativos. El oficialismo todavía no tiene garantizado ese número, por lo que analiza la posibilidad de excluir el título del proyecto durante la votación en particular si no consigue cerrar un acuerdo.
Entre los cambios incorporados en la última versión figura una modificación en la denominación del Consejo de Seguridad Nacional, que pasará a llamarse Consejo de Asuntos Estratégicos. También se resolvió que el Ministerio de Seguridad, encabezado por Alejandra Monteoliva, deje de integrar permanentemente ese organismo y sea convocado únicamente cuando resulte necesario.
La decisión representa un regreso a la propuesta inicial del Ejecutivo. En una versión posterior, el Ministerio de Seguridad había sido incorporado a pedido de los bloques aliados, pero el último borrador volvió a establecer su participación bajo convocatoria.
Otro de los ajustes amplió la definición de aeroespacio para incluir expresamente tanto el espacio aéreo como el ultraterrestre.
Las modificaciones más sensibles, sin embargo, se concentran en el artículo 129, incluido en el título VII, que incorpora nuevas figuras penales relacionadas con la injerencia extranjera. En ese apartado, el Gobierno eliminó el término “sabotaje” y quitó la referencia a las acciones destinadas a afectar la libre formación de la voluntad política de la población.
Además, estableció que para configurar el delito será necesario demostrar que la persona conocía la naturaleza de la campaña y que actuó con ese propósito específico. También excluyó de las sanciones a quienes compartan o adhieran a publicaciones y opiniones, por ejemplo en redes sociales, siempre que no reciban financiamiento ni instrucciones de agentes extranjeros.
Pese a esas precisiones, las modificaciones no terminaron de convencer a todos los aliados. Entre las objeciones planteadas durante las negociaciones aparece la posibilidad de que la redacción alcance actividades legítimas de sindicatos, organizaciones sociales y cámaras empresariales. También existen cuestionamientos sobre la distribución de la carga de la prueba, ya que los críticos consideran que la amplitud de la definición podría obligar a los ciudadanos a demostrar que sus actividades están comprendidas dentro de las excepciones previstas.
Otro punto de desacuerdo está relacionado con las restricciones al financiamiento extranjero. Los cambios propuestos incluyen disposiciones sobre la organización y dirección de campañas electorales, una cuestión que podría alcanzar la contratación de consultores internacionales.
Por su parte, Unión por la Patria presentó un dictamen de minoría y manifestó coincidencias con el objetivo central de sancionar a las empresas que intervengan sin autorización argentina en la explotación de recursos naturales en Malvinas y la plataforma continental.
En ese capítulo, el oficialismo introdujo modificaciones para delimitar las responsabilidades de proveedores y accionistas de las compañías involucradas. La nueva redacción establece que los bienes o servicios suministrados deben resultar indispensables para desarrollar la actividad ilegal y que el proveedor debe conocer, o no poder desconocer razonablemente, el destino de esos recursos.
Sin embargo, el peronismo mantiene objeciones al régimen de Desistimiento y Regularización, que permite a las empresas abandonar las actividades cuestionadas y evitar determinadas sanciones. Desde ese espacio consideran que el mecanismo podría facilitar que las compañías eludan las multas contempladas en la normativa.
También cuestionan el artículo 111, que establece un sistema de revisión para determinadas inversiones de Estados extranjeros o de empresas bajo su control. La evaluación quedaría a cargo del Consejo de Asuntos Estratégicos y comprendería sectores considerados sensibles, como defensa, telecomunicaciones, energía, hidrocarburos y minería, además de infraestructuras críticas de interés nacional.
La principal preocupación de Unión por la Patria es que ese mecanismo pueda interferir en las decisiones de las provincias sobre sus propias inversiones y contrataciones. Desde ese bloque advierten que determinadas licitaciones provinciales podrían quedar sujetas a la intervención del Consejo cuando involucren compañías con participación o control de gobiernos extranjeros.
De todos modos, el proyecto excluye las relaciones comerciales habituales que no impliquen control, influencia determinante o acceso a información tecnológica sensible.
Con este escenario, el Gobierno llegará al recinto con posibilidades de avanzar en la aprobación general de la ley, aunque todavía deberá resolver las diferencias sobre las disposiciones penales, electorales y los mecanismos de control de inversiones extranjeras.
La sesión de Diputados también incluirá otros temas en su agenda. Entre ellos figuran la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC), una enmienda al Protocolo de Montevideo sobre el Comercio de Servicios, el traspaso de competencias judiciales penales y de menores a la Ciudad de Buenos Aires y modificaciones al marco regulatorio de las pequeñas y medianas empresas.














