De acuerdo a información difundida, la RFEF ha designado un instructor para desarrollar la investigación, cuyo resultado será comunicado a ambos clubes involucrados. Desde este momento, tanto el Barcelona como el Atlético de Madrid deberán presentar sus respectivas explicaciones antes de que se tome una decisión final.
La denuncia del Atlético sostiene que el Barcelona inició conversaciones con el jugador argentino fuera de los plazos establecidos por las normativas y sin el consentimiento del club madrileño, lo que se conoce como “tapping up”. Hace algunas semanas, el consejero delegado del Atlético, Miguel Ángel Gil Marín, declaró que acudiría a las instancias pertinentes para salvaguardar los intereses de la institución.
Por su parte, desde el Barcelona se sostiene que el expediente corresponde al procedimiento habitual frente a una denuncia y se asegura que el caso no derivará en sanciones. La dirigencia azulgrana afirma que fue el propio Julián Álvarez quien expresó abiertamente su interés de dejar el Atlético antes de que se iniciaran las conversaciones.
El jugador argentino había manifestado en junio, durante el Mundial, su deseo de cambiar de equipo. “No puedo esconderme, lo mejor es una transferencia, quiero cumplir mi sueño”, comentó en aquel momento. Posteriormente, el Barcelona hizo una oferta cercana a los 100 millones de euros al Atlético de Madrid, según trascendió.
Se iniciará ahora el periodo de alegaciones, donde ambos clubes expondrán su versión de los hechos ante las autoridades disciplinarias para que evalúen si se ha infringido la normativa sobre negociaciones con jugadores que tienen contrato vigente.
Mientras tanto, el futuro de Julián Álvarez se mantiene como una de las grandes incertidumbres del mercado de pases europeo. La fecha del 10 de agosto, cuando está convocado para reintegrarse a la pretemporada del Atlético de Madrid, se presenta como un momento crucial para definir su postura definitiva respecto a su continuidad en la institución.
