La decisión de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti no fue bien recibida por las autoridades nacionales, quienes, tras conocer la noticia, comenzaron a evaluar las opciones disponibles.
Según señalaron fuentes del Poder Ejecutivo, después de una reunión de la mesa judicial oficialista, se determinó que el único camino que le queda al Gobierno es “esperar a que se defina todo en primera instancia”.
Sin embargo, enfatizan que mientras se prolongue el proceso no cumplirán con el financiamiento universitario, a pesar de la resolución de la Corte.
Se basan en un aspecto clave: el máximo tribunal no se pronunció sobre la ley en su totalidad, sino únicamente sobre una medida cautelar aplicable a los artículos 5 y 6 de la misma.
El reclamo inicial, impulsado por representantes del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y diversas universidades, buscaba declarar la inconstitucionalidad del decreto 759/2025, mediante el cual el Gobierno suspendió la norma hasta que el Congreso precise de dónde provendrán los fondos para cubrir los gastos no contemplados en el Presupuesto.
Mientras tanto, el poder judicial en lo contencioso administrativo federal impuso una cautelar obligando a las autoridades a cumplir con algunos de los aumentos para evitar que el paso del tiempo afectara el poder adquisitivo de los futuros beneficiarios.
Específicamente, el artículo 5 determina que se debe convocar a paritaria y actualizar “los salarios de los docentes y no docentes de las universidades públicas entre el período 1º/12/2023 hasta la sanción de la presente ley”.
Por su parte, el artículo 6 especifica una “recomposición y actualización automática de las becas estudiantiles”, como las de Progresar y Carreras Estratégicas Manuel Belgrano, desde el 10 de diciembre de 2023 en adelante.
“No vamos a pagar nada extra. Hay un acuerdo vigente que es el que se va a cumplir”, afirmó un funcionario actualizado sobre la situación.
En efecto, el 10 de junio pasado, el Poder Ejecutivo firmó un acta comprometiéndose a transferir fondos para un incremento del 24,33% en la masa salarial, un aumento del 20% en los gastos de funcionamiento y una ampliación de partidas para hospitales universitarios de hasta $50.000.000.000.
Por este motivo, en Balcarce 50 consideran que el fallo de la Corte Suprema no altera el panorama general, dado que ya tenían prevista la asignación de esos fondos.
Mientras tanto, las instituciones educativas continúan reclamando un incremento en las partidas presupuestarias para el presente año y una recomposición por las pérdidas sufridas en años anteriores, así como otros puntos que no fueron incluidos en la cautelar.
Aseguran que el acuerdo de principios de junio no es suficiente para cumplir con lo que establece la Corte: “No es un tema de interpretación, deben cumplir la ley”, señala un representante.
“Pueden argumentar que lo que se recompuso a partir de ese acuerdo se toma a cuenta para este nuevo aumento, pero hay una diferencia de entre el 25% y el 30% en el salario, de lo que se otorgó a lo que estipula el financiamiento. En cuanto a las becas, la situación es similar; se incrementó el monto para el programa Belgrano, pero no se avanzó con Progresar, por ejemplo”, lamentan.
En este marco, en las universidades sostienen que el tribunal de primera instancia “debería ejecutar la sentencia, pero eso es un trámite administrativo y rápido”.
La Ley 27.795 generó controversia desde su inicio, ya que fue aprobada por el Congreso en ambas Cámaras, luego vetada por el presidente Javier Milei, y finalmente promulgada tras una insistencia de los legisladores.
Como último recurso, el Gobierno emitió un decreto que suspendió su aplicación hasta que se defina el origen de los fondos, lo que dio lugar a una lucha judicial.
“Que el recurso extraordinario, cuya denegación parcial originó esta queja, no se dirige contra una sentencia definitiva o equiparable a tal. Por ello, se desestiman el pedido de excusación y la presentación directa”, enfatizó la Corte, manteniendo la cautelar del CIN y de los sindicatos docentes.
“Es un gran paso y una respuesta que la comunidad universitaria del país esperaba. Lo decidido por la Corte Suprema es muy positivo no solo para las universidades, sino también para la vida institucional de la Nación”, comentó Franco Bartolacci, presidente del CIN.
Añadió que “con este fallo, se deberán actualizar salarios y becas conforme a lo establecido en los artículos 5 y 6 de la Ley, que es la respuesta estructural por la que tanto se ha trabajado”.
“Quiero agradecer a la comunidad universitaria del país que ha realizado un enorme esfuerzo a lo largo de este tiempo para sostener todo en condiciones muy precarias, y a la sociedad argentina; su apoyo defendiendo la Universidad cada vez que fue necesario fue crucial para que podamos llegar hasta aquí”, concluyó.
