En las reuniones de trabajo centradas en el maíz y el trigo, los ministerios de Agricultura y de Desarrollo Productivo, liderados por Luis Basterra y Matías Kulfas, presentaron propuestas para facilitar el acceso al crédito a pequeños y medianos productores. Esto se lograría mediante garantías totales o parciales para respaldar créditos otorgados por entidades financieras a quienes demandan trigo y maíz en el mercado local, ya sea para alimentar ganado o para la producción de alimentos.
La financiación proporcionada por los bancos, tanto públicos como privados, contaría con el respaldo del Fondo de Garantías Argentino (Fogar). Esto permitiría a los productores evitar trasladar aumentos en sus costos de producción a los precios al consumidor, brindándoles mayor estabilidad frente a posibles desajustes.
La propuesta se centra especialmente en los criadores de ganado y en los molinos de trigo, con el propósito de controlar el alza de precios en la carne y el pan.
Además, el Gobierno ha exigido a cada sector un análisis detallado de la demanda de granos, buscando trabajar conjuntamente con los productores primarios para asegurar precios y cantidades. Por ejemplo, la industria avícola ha reportado haber superado dificultades recientes, mientras que los molinos confían en sortear la situación pronto.
Otra medida en estudio implica la posibilidad de ampliar las operaciones de cobertura a través del Rofex, con el fin de asegurar un volumen estable y precios competitivos anualmente.
Los representantes del campo, organizados en la Mesa del Maíz y la Mesa del Trigo, han propuesto al Gobierno la creación de un “fondo anticíclico alimentario”. Este fondo utilizaría parte de los ingresos adicionales que se calcularían para este año debido a la inesperada alza de precios internacionales de las commodities, con el fin de establecer un colchón que permita “desacoplar” los precios internos, un objetivo que el Gobierno busca alcanzar para no trasladar los aumentos exteriores al mercado local.
Según los estimados de los sectores interesados, el Gobierno proyectó recaudar unos $ 5835 millones en derechos de exportación este año. Sin embargo, bajo los precios actuales, esa cifra podría superarse, permitiendo al Estado obtener más de $ 8000 millones. Los productores agropecuarios desean que una parte de esos más de $ 2200 millones se reinvierta en la actividad sectorial, aunque también se anticipa que esos excedentes financiarán parte de la demanda de insumos importados en la industria.
Como se mencionó recientemente, el Gobierno, por el momento, evita incrementar las retenciones a los granos para no tensar la relación con el sector agropecuario y comprometer una agenda de trabajo que trasciende circunstancias inmediatas.
No obstante, la inflación de los alimentos es motivo de preocupación para muchos funcionarios, especialmente después de que se revelara que la canasta básica alimentaria, que marca el umbral de la indigencia, aumentó más de 10 puntos sobre la inflación del 2020, alcanzando un incremento del 45,5%. En un año electoral, donde los ingresos están bajo presión frente a la inflación, se podrían implementar medidas drásticas.
El pasado jueves, el ministro de Agricultura, Luis Basterra, participó en una reunión del gabinete económico, donde presentó un informe sobre el impacto de la subida de precios a nivel internacional y la colaboración del Gobierno con la cadena agroalimentaria para asegurar que los alimentos tengan “valores que sean razonables para la población”. El ministro reconoció que “se están identificando los instrumentos para lograr un desacople de los precios” y afirmó que el Gobierno se esfuerza por implementar acciones “con el consenso de todos los actores”.
