Un funcionario, que prefirió permanecer en el anonimato, explicó que el Ejecutivo ha propuesto a los rectores de las instituciones de educación superior transferirles los fondos estipulados en el proyecto que el oficialismo presentó al Congreso para reformar la ley vigente, buscando mitigar su efecto fiscal. Esta reforma solo contempla el reconocimiento de la pérdida salarial de los docentes durante el año 2025, excluyendo el periodo de 2023.
A cambio, las universidades tendrán que retirar la cautelar interpuesta contra el Gobierno, que aguarda una resolución de la Corte Suprema. Esta medida judicial exige el cumplimiento de los incrementos salariales y las becas estipuladas en la Ley de Financiamiento, de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Si el fallo es desfavorable, se estima que el Ejecutivo tendría que destinar aproximadamente 2.5 billones de pesos a las universidades.
El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, junto a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, son los encargados de representar al Gobierno en estas negociaciones.
En este sentido, el Gobierno busca desactivar esta situación con una propuesta que tenga un menor impacto. Según se ha conocido, los fondos cuentan con la aprobación del Ministerio de Economía y su ejecución se llevaría a cabo una vez que se concrete el acuerdo. “Incluiría todo lo que está en nuestro proyecto de ley”, afirmó la fuente, evitando así que la iniciativa deba ser evaluada por el Congreso.
Desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), sin embargo, han comunicado que no han recibido propuesta alguna del Gobierno: “No hay nada de nada”, enfatizaron.
En este contexto, aún no se ha avanzado en la convocatoria anticipada por parte del Ministerio de Capital Humano a las universidades que cuentan con hospitales, para resolver el reclamo de una partida de 79 mil millones de pesos que no ha sido ejecutada para este sector.
En cuanto a la Ley de Financiamiento presentada por el oficialismo, se destaca que esta solo reconoce la pérdida salarial correspondiente a 2025, omitiendo la caída salarial de 2024. Además, el proyecto establece que la recomposición se realizará en tres tramos.
Si se acepta la propuesta, los incrementos del 4,1% se distribuirían a lo largo del año en los salarios básicos vigentes al 31 de diciembre de 2025. Asimismo, el proyecto estipula que el Poder Ejecutivo deberá convocar a negociaciones paritarias cada tres meses, aunque no obliga a la actualización salarial por inflación, a diferencia de lo que establece la ley actual.
