El Gobierno oficializó este viernes el llamado a sesiones extraordinarias con el foco puesto en la Justicia. La convocatoria para que el Congreso se reúna en las próximas semanas tiene 27 proyectos, y cuatro de ellos aluden al Poder Judicial. La intención de iniciar un juicio político a los miembros de la Corte Suprema sobresale del amplio temario propuesto.
En el Boletín Oficial se publicó el decreto 17/2023 firmado por Alberto Fernández y su jefe de Gabinete, Juan Manzur. La norma habilita a que los legisladores sesionen desde el próximo 23 de enero, una semana después de lo que se había pensando inicialmente.
Si bien la intención de enjuiciar a los miembros de la Corte Suprema concentra el mayor interés por parte del Gobierno, esa iniciativa ni siquiera es destacada en los considerandos. “Se incorporan iniciativas que tienen como objetivo mejorar el sistema de Salud, otras que se vinculan con el cuidado del ambiente, y también proyectos para la prevención y represión del lavado de activos, así como regímenes de promoción de energías renovables y fomento al desarrollo agroindustrial, entre otros”, se señala en los fundamentos. Más allá de eso, sí se menciona la intención de discutir nuevamente la conformación del Consejo de la Magistratura.
El Gobierno decidió redoblar la confrontación con la Corte Suprema en el decreto de convocatoria. No solo pidió tratar el juicio político a los integrantes de la Corte Suprema, también solicitó que se discuta el proyecto que propone elevar la cantidad de integrantes del máximo tribunal. Además, figuran varios proyectos económicos, entre ellos el blanqueo de capitales, solicitado por Sergio Massa, para reforzar la recaudación.
Pese a que el juicio político es la principal razón que movió al Gobierno para llamar a extraordinarias, la solicitud para que se discuta en el Congreso ese pedido aparece recién en puesto 24 del listado completo. La cuestión se presenta de manera genérica como “solicitudes de Juicio Político a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.
A esa iniciativa, se le sumó el pedido para elevar el número de integrantes de la Corte Suprema de Justicia. Figura en el número 10 del listado. Según el texto de la convocatoria, se busca la modificación del artículo 21 del Decreto Ley N° 1285/58 “con el fin de ampliar el número de integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.
En tanto, también se encuentra la discusión de una nueva conformación del Consejo de la Magistratura. La solicitud se desprende de uno de los puntos que el Gobierno más le cuestiona a la Corte: la declaración de inconstitucionalidad de la composición del Consejo, sancionada en 2006, y la reposición del esquema anterior con el presidente de la Corte como titular.
El Gobierno se vale de la exhortación que había fijado la Corte en aquel fallo de diciembre de 2021 para avanzar en una nueva reforma. En aquel momento el máximo tribunal le había dado un plazo de 120 días al Congreso para avanzar en una nueva norma. En el decreto, el Gobierno alerta que “dicho plazo se encuentra largamente vencido y, hasta la fecha, el Congreso de la Nación no dio cumplimiento a la medida dispuesta por el Alto Tribunal, por lo que resulta necesario que ello se realice en el menor plazo posible”.
Por otro lado, aparece en el temario uno de los puntos para los que Alberto Fernández nunca consiguió el apoyo necesario tanto en la oposición como dentro de su propia fuerza. Volvió a insistir con la designación Daniel Rafecas como procurador general de la Nación. Su pliego duerme en el Senado, sin el visto bueno del kirchnerismo, desde febrero de 2020. Se trata del punto 7, consignado como: “Tratamiento del Acuerdo requerido para designar al Procurador General de la Nación”.
En tanto, el punto 21 del listado llama la atención. El Gobierno pidió avanzar en una ley para modificar la Ley de Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración Nacional. Se trata de un puntual vital para habilitar nuevas partidas y, eventualmente, entregarle a la Ciudad de Buenos Aires más recursos de coparticipación, en línea con lo ordenado por la Corte, fallo fuertemente resistido.
La intención de este último proyecto apunta a poner en aprietos a Juntos por el Cambio. La bancada opositora decidió no abocarse a tratar ningún proyecto mientras el Gobierno insista con enjuiciar a la Corte. Sin ese acuerdo, cualquier punto del temario se convierte en letra muerta.
La portavoz del Gobierno, Gabriela Cerruti, había pedido este jueves que la oposición no fuera “irresponsable”. “En el libre juego democrático y de las instituciones hay que sentarse a debatir y no extorsionar a la sociedad tratando solo los temas que a ellos les interesa”, disparó.
